La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado en Argentina continúa generando alarma. El Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, encabezado por el juez Ernesto Kreplak, investiga la muerte de 76 personas por el uso hospitalario del potente opiáceo sintético, aunque se estima que las víctimas podrían superar las 100.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) identificó dos lotes contaminados producidos por HLB Pharma Group S.A. y distribuidos por Ramallo S.A. Uno de ellos, con 45 mil ampollas aplicadas, contenía bacterias multirresistentes como Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. El segundo lote no llegó a utilizarse.
“Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. Del otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, precisó Kreplak.
La Justicia detectó un “entramado societario complejo” que involucra a nueve empresas y a su principal titular, Ariel García Furfaro. El dictamen judicial indica que las operaciones de estas firmas podrían haber buscado ocultar conductas ilícitas.
Además, la Anmat inhabilitó a HLB Pharma para producir, importar, exportar o vender medicamentos, mientras que el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal el 3 de agosto por la entrega de un certificado falso para renovar su permiso de importación de opiáceos.
Kreplak calificó el hecho como un “problema sanitario serio” y advirtió que los fallos en la trazabilidad de medicamentos dificultan ubicar a todas las personas que recibieron las dosis contaminadas. La investigación se centra también en casos no denunciados y en establecer las responsabilidades de empleados y directivos de las empresas involucradas.
El magistrado insistió en que la investigación, “extensa y compleja”, debe conducir a la implementación de un sistema de control más riguroso para el fentanilo, que es utilizado como analgésico y anestésico en tratamientos de dolores intensos.
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Fotografía: Redes
