La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche informó que Jorge “N” y Jesua “N”, ambos de 22 años, se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades ministeriales para enfrentar el proceso legal por su presunta participación en la violación tumultuaria contra la joven Susan Saravia, ocurrida el pasado 31 de marzo.
La comparecencia se llevó a cabo casi cinco meses después de que la víctima los señalara como responsables. De acuerdo con la FGE, la entrega voluntaria permitió ejecutar el mandamiento judicial de aprehensión emitido por el órgano jurisdiccional competente. Ambos fueron puestos a disposición del juez de control, quien determinará su situación jurídica.
Con esta acción, suman tres los imputados en el caso. El primero fue detenido en julio y vinculado a proceso por el mismo delito.
Horas antes de su presentación, las madres de Jorge “N” y Jesua “N” —Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera Villamonte— anunciaron públicamente que sus hijos se entregarían. Afirmaron creer en su inocencia, pidieron garantías de seguridad y acusaron a la denunciante y a su familia de cualquier posible atentado en contra de los jóvenes. También denunciaron una “campaña mediática de odio” y solicitaron que se escuche la versión de los acusados.
Por su parte, Susan Saravia, estudiante de Derecho, hizo pública su denuncia el 30 de julio, asegurando que el caso había permanecido estancado debido a presuntos vínculos de los agresores con autoridades locales. Desde entonces, ha enfrentado ataques en redes y cuestionamientos sobre su relato.
La acusación y la demora en las detenciones han colocado este caso en la agenda nacional. Organizaciones sociales han señalado que la tardanza en las acciones judiciales refuerza la percepción de impunidad. El contexto político en Campeche —gobernado por Morena bajo la administración de Layda Sansores— añade tensión a un proceso que ya se desarrolla bajo fuerte presión mediática.
La FGE indicó que el procedimiento continuará conforme a los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos de todas las partes. Sin embargo, advirtió que no difundirá más detalles para proteger la integridad de la investigación.
El desarrollo del caso será seguido de cerca por medios nacionales y colectivos feministas, que han advertido que este proceso es una prueba de la capacidad de las autoridades locales para garantizar justicia sin interferencias políticas.
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