En lugar de contribuir de forma técnica o institucional al avance del proceso legislativo para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio número 218 de Puebla, Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, ha optado por utilizar el tema como una plataforma para criticar a Morena y posicionarse políticamente.
A través de un video difundido en redes sociales, Riestra —quien ha sido legislador y figura visible del panismo poblano— acusó sin matices a las autoridades estatales y diputados de Morena de frenar deliberadamente el proceso, aunque omitió reconocer los pasos formales que ya se han dado desde el Congreso local.
El líder panista insistió en la supuesta falta de avances, pese a que la propuesta para municipalizar Totimehuacan ya fue presentada oficialmente ante el Congreso por el diputado José Luis Figueroa Cortés, del PT, el pasado 30 de mayo. La iniciativa fue acompañada de más de 70 mil firmas ciudadanas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.
Lejos de reconocer este paso, Riestra prefirió poner en duda el proceso, exigiendo la participación de universidades y expertos, como si estos actores no pudieran ser convocados dentro del debate legislativo actual. Para observadores críticos, esta postura parece más enfocada en generar desconfianza pública y atacar a la bancada de Morena, que en impulsar una solución responsable y participativa.
Asimismo, Riestra comparó la situación con el conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula, insinuando que su intervención en ese caso fue decisiva, lo cual ha sido cuestionado por otros actores políticos y académicos que participaron directamente en ese proceso.
El dirigente del PAN también advirtió que la demora legislativa podría impedir que el primer presidente municipal de Totimehuacan sea elegido en 2027, planteamiento que más bien parece diseñado para generar presión mediática que para aportar al análisis jurídico y técnico del caso.
Mientras tanto, la iniciativa sigue su curso en el Congreso estatal, y aún está pendiente un proceso de análisis profundo que, como en cualquier reforma de esta magnitud, implica consulta técnica, dictámenes territoriales y revisión de impacto presupuestal y administrativo.
Desde diversas voces ciudadanas y académicas, se ha señalado que usar este tipo de temas con alta sensibilidad comunitaria para fines partidistas sólo contribuye a polarizar la discusión y entorpecer el avance real del proyecto, en lugar de sumar al consenso social que se requiere.
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