Dos años después de que Ecuador celebrara un referéndum histórico para frenar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, ambientalistas e indígenas acusan al presidente Daniel Noboa de impulsar un giro que debilita la reputación ecológica del país y amenaza derechos indígenas.
Entre las medidas más polémicas está la decisión de fusionar el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas, lo que, según Natalia Greene, de la Global Alliance for the Rights of Nature, “pone al lobo a cargo de las ovejas” y acelera la minería en un contexto de auge de la extracción ilegal de oro ligada al crimen organizado.
El mandatario ha defendido estos cambios como parte de un plan para reducir costos, eliminar burocracia y atender la crisis fiscal, mientras sus opositores denuncian un modelo “extractivista” que privilegia petróleo y minería sobre conservación.
La preocupación se amplificó con la aprobación en la Asamblea Nacional de una norma que permite la cogestión privada y extranjera de zonas de conservación, y con un nuevo acuerdo petrolero con Perú que vinculará reservas amazónicas ecuatorianas al oleoducto Norperuano a partir de 2026. Líderes indígenas como Nemo Guiquita, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, advierten que la medida vulnera derechos de consulta previa y amenaza ecosistemas vitales.
Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, recuerda que estas decisiones se toman sin aplicar plenamente el mandato popular que bloqueó la explotación en Yasuní: “Hemos retrocedido décadas”, afirma.
Otra fuente de tensión es el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que obliga a más de 71.000 organizaciones a reinscribirse, presentar información financiera detallada y declarar fondos extranjeros. El gobierno sostiene que busca frenar el lavado de dinero; activistas lo ven como un intento de acallar la disidencia y cerrar ONG críticas.
Kevin Koenig, de Amazon Watch, advierte que Ecuador se suma a una tendencia regional que incluye retrocesos ambientales en Perú, El Salvador y Brasil, lo que envía “señales preocupantes” antes de la COP30 en Brasil.
Ante este panorama, colectivos ambientales y sociales han reactivado la Asamblea Nacional Socioambiental para articular resistencia, preparar demandas judiciales y denunciar el caso ante foros internacionales. “Nuestro único delito ha sido proteger nuestro territorio y nuestra forma de vida”, sostiene Guiquita.
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