La detención y próxima extradición del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, vuelve a colocar en el centro del debate las denuncias de corrupción presentadas hace cinco años por Emilio Lozoya Austin.
En 2020, Lozoya –también exdirector de Pemex– buscó un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR) para reducir su sentencia, y a cambio acusó al expresidente Enrique Peña Nieto, a su círculo cercano y a exfuncionarios de distintos partidos de haber conformado una amplia red de sobornos a través de la petrolera estatal.
Según el testimonio de Lozoya, Treviño, quien dirigió Pemex entre 2017 y 2018, habría recibido 4 millones de pesos de la constructora brasileña Odebrecht en relación con la planta Etileno XXI, en operaciones que datarían de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
Sin embargo, el caso de Treviño es solo una pieza de un entramado más amplio. Lozoya apuntó directamente a Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, señalando que ambos pactaron con el empresario Marcelo Odebrecht para prolongar la relación corrupta iniciada en la administración calderonista.
En la lista de implicados también aparecen figuras como José Antonio Meade Kuribreña, José Antonio González Anaya –concuño de Carlos Salinas de Gortari–, Luis Vega Aguilar y David Penchyna Grub, así como exgobernadores y dirigentes de oposición, entre ellos los panistas Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién y Salvador Vega Casillas.
Pese a la magnitud de las acusaciones, los avances judiciales han sido mínimos. La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha atribuido la falta de resultados a supuestas “trampas procesales” impuestas por el Poder Judicial. De hecho, el único político que llegó a prisión por estas denuncias, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, fue liberado tras un año y medio.
La captura de Treviño en Estados Unidos y su eventual extradición representan, para el gobierno federal, una oportunidad para reactivar un caso que parecía destinado a la impunidad, pero que involucra a expresidentes, secretarios de Estado y líderes partidistas de las últimas dos décadas.
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Imagen: Iván Rojas
