BRASILIA, 14 DE AGOSTO DE 2025. El expresidente Jair Bolsonaro y otros siete integrantes del denominado “Núcleo 1” presentaron sus declaraciones finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en el juicio que investiga su presunta participación en un complot golpista tras las elecciones de 2022. El caso está siendo instruido por el juez relator Alexandre de Moraes, quien lidera la fase final del proceso.
Bolsonaro negó categóricamente las acusaciones en su contra. En su alegato afirmó que “No hay pruebas del golpe imaginado por la acusación” y sostuvo que “no existe texto, decreto ni orden firmada para detener a ninguna autoridad” ni para “movilizar tropas” con fines golpistas.
La defensa destacó el hecho de que Bolsonaro «permitió la transición presidencial» como prueba que desmonta la tesis del intento de obstrucción al orden democrático. Los abogados del expresidente señalaron que no existen evidencias que lo relacionen con un plan para asesinar o arrestar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente o al propio juez Alexandre de Moraes.
Los otros acusados, entre los que se encuentran antiguos ministros y militares, también se declararon inocentes y negaron su participación en actos de violencia política o conspiración para la abolición del Estado Democrático de Derecho. Sus defensores solicitaron la absolución y acusaron a la fiscalía de basar la acusación en conjeturas y presunciones.
Por su parte, la fiscalía enfatizó la gravedad del caso, calificándolo como un intento explícito de golpe de Estado que buscaba desestabilizar la democracia brasileña. Frases como “la organización criminal armada trató de abolir violentamente el Estado democrático” y que los imputados “pretendían atentar contra la estabilidad institucional mediante actos coordinados de violencia y amenazas graves” fueron resaltadas a lo largo del proceso.
«Un paso crucial para la consolidación de la democracia en Brasil»
El caso ha provocado reacciones de políticos de izquierda prominentes. El presidente Lula calificó el juicio como “un paso crucial para la consolidación de la democracia en Brasil”, mientras que figuras del Partido de los Trabajadores y organizaciones progresistas destacaron la independencia judicial del STF y la importancia de no permitir impunidad frente a ataques a las instituciones democráticas.
Tras las declaraciones finales de los acusados, el caso avanza hacia la fase de deliberación por parte del panel de jueces del Supremo Tribunal. Aún no hay fecha definida para la sentencia, la cual podría tardar varios meses.
En ella, se decidirá si Bolsonaro y sus cómplices son culpables de los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático, golpe de Estado, daño calificado por violencia y deterioro de patrimonio público. La suma de penas podría superar los 30 años de prisión. En caso de condena, los imputados tienen derecho a interponer recursos dentro del sistema judicial brasileño.
El juicio entra así en su etapa decisiva tras los alegatos finales, donde la defensa insiste en la inocencia de Bolsonaro y sus aliados, mientras la fiscalía sostiene la existencia de un plan golpista que amenaza la democracia brasileña. La expectativa está puesta en el pronunciamiento del STF, que definirá el rumbo de esta causa emblemática.
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