Washington D.C. presentó este viernes una demanda federal para impedir que el presidente Donald Trump asuma el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), horas después de que su gobierno nombrara a un funcionario federal como nuevo jefe de emergencias de la corporación.
El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, solicitó una orden de restricción de emergencia al considerar que la medida “es ilegal” y representa “la amenaza más grave al autogobierno que el Distrito haya enfrentado”. Schwalb acusa a la administración de Trump de exceder sus facultades y advierte que la intervención “sembraría el caos” en el cuerpo policial.
La disputa estalló luego de que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunciara que el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, tendrá autoridad para aprobar cualquier orden a los agentes del MPD, desplazando de facto a la actual jefa de policía, Pamela Smith, designada por la alcaldesa Muriel Bowser.
La decisión se produce pese a que Smith ya había instruido a los agentes a compartir cierta información con agencias de inmigración, medida que Bondi consideró insuficiente por mantener elementos de las llamadas “políticas de santuario”. Bondi revocó esas directrices y ordenó que cualquier cambio operativo pase por Cole.
La alcaldesa Bowser rechazó el movimiento y señaló que “no hay ningún estatuto que transfiera la autoridad de personal del Distrito a un funcionario federal”. Desde 1973, la Ley de Autogobierno permite a D.C. elegir a su alcaldía y consejo, aunque el presidente conserva poder limitado sobre la capital. Trump es el primer mandatario en ejercer control directo sobre la policía local desde la aprobación de esa ley, con un límite legal de 30 días salvo aval del Congreso.
En las calles, la intervención federal se ha traducido en un despliegue visible: tropas de la Guardia Nacional vigilan monumentos, se han instalado puntos de control en zonas concurridas y agentes federales patrullan barrios como The Wharf y Foggy Bottom. La presencia militar, incluida frente a Union Station y en áreas de ocio nocturno, ha generado protestas de residentes y defensores del autogobierno.
El Pentágono informó que 800 miembros de la Guardia Nacional participan en misiones que van desde la seguridad de monumentos hasta el control de multitudes. Trump ha dejado entrever que evaluará extender su control más allá de los 30 días que marca la ley, aumentando la tensión entre la Casa Blanca y el gobierno local de mayoría demócrata.
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