La semana pasada se publicaron los resultados de la medición de la pobreza multidimensional en México referentes a 2024 por parte del INEGI. La cifra principal arrojada por este estudio resulta favorable tanto para la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador como para la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la estrategia de política social enfocada en transferencias monetarias directas se perfila como la principal razón por la cual cerca de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Mejor aún, si no se debe exclusivamente a esta medida, también han influido los aumentos constantes y significativos al salario mínimo durante el sexenio anterior.
Dicho lo anterior, no es de extrañarse que la presidenta haya anunciado el 7 de julio que el presupuesto para programas sociales aumentará en más de 100 mil millones de pesos en 2026, para alcanzar la cifra de 1 billón de pesos el próximo año.
Para saber hasta qué punto es viable que México pueda seguir con este ritmo de gasto social como eje de la estrategia de combate a la pobreza, vale la pena fijarnos en el concepto de sostenibilidad fiscal (situación en la que los gobiernos cuentan con suficientes ingresos presentes y futuros para enfrentar los gastos actuales y los esperados).
De acuerdo con el Análisis de la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas en México, 2007-2028 del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, publicado en 2023, México puede mantener un ritmo similar de gasto público y endeudamiento sin que esto signifique un desbalance en las finanzas públicas. En términos generales, y asumiendo el riesgo de sintetizar demasiado, mientras el gobierno federal mantenga una deuda que no aumente más allá de 2.7% del Producto Interno Bruto, no representaría un problema significativo. Es decir, no hay un riesgo real en el corto plazo, siempre y cuando los escenarios económicos se mantengan en condiciones similares a las actuales.
En alusión a lo anterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca en el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de 2024 que México, al igual que muchos países de la región, enfrenta un aumento constante del gasto público debido a los programas sociales, sin que las capacidades recaudatorias del Estado hayan crecido de manera significativa en los últimos años.
En resumen, si continúa aumentando el presupuesto para los programas sociales de transferencia directa, es muy posible que se deba al incremento de la deuda y no a que el gobierno esté captando más ingresos.
En este punto, vale la pena preguntarnos qué otras rutas posibles existen para seguir disminuyendo la pobreza en México. Al referirnos a la pobreza multidimensional, como lo hace el INEGI, no solamente se contemplan los ingresos monetarios, sino también el acceso a servicios y derechos como la educación, la salud y la vivienda. Es en estos rubros donde parece que no existen grandes cambios a lo largo de los años.
Según las cifras de la medición del INEGI, anteriormente realizada por el CONEVAL, entre 2016 y 2024 prácticamente tenemos la misma cantidad de personas en situación de rezago educativo (nivel de escolaridad acorde a su edad), cerca del 18% de la población.
El mismo instrumento determina que la carencia por acceso a servicios de salud ha aumentado en el mismo periodo, al pasar del 15% en 2016 al 34% en 2024. Por otra parte, si bien la carencia por acceso a servicios de seguridad social ha disminuido alrededor de un 6%, en 2024 cerca del 61% de la población económicamente activa aún carece de ellos.
Finalmente, la población menor de 30 años concentra los niveles más altos de vulnerabilidad social y pobreza: el 38% de la población menor de 18 años se encuentra en pobreza y el 28.8% de quienes tienen menos de 30 años.
En conclusión, México ha demostrado que las transferencias monetarias y los constante aumentos salariales son herramientas eficaces para reducir la pobreza por ingresos, a penas una de las variables con las que se miden las carencias en nuestro país. El desafío no está en mantener los programas sociales viables fiscalmente, sino diseñar estrategias que fortalezcan los servicios públicos y garanticen derechos universales. Solo así la reducción de la pobreza podrá ser duradera y no depender exclusivamente del flujo de recursos.
Columna ‘Datos y Cuentos’ por Jean Lenin Corona
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