CIBanco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, con la que busca frenar la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) que lo desconectaría del sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre.
La institución mexicana acusa que la medida equivale a una “sentencia de muerte” al dejarla sin corresponsales en Estados Unidos y paralizar más de la mitad de sus operaciones de transferencias internacionales y de cambio. En su escrito legal, ingresado el 17 de agosto bajo el expediente 1:25-cv-02705-TNM, sostiene que la decisión viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso garantizado en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
“El gobierno ha impuesto una pena de muerte al banco con una orden que carece de la especificidad suficiente para impugnar las acusaciones en su contra”, señala la demanda, dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora de la FinCEN, Andrea Gacki.
El Departamento del Tesoro acusa a CIBanco de haber facilitado operaciones de lavado de dinero a favor de los cárteles mexicanos de la droga. Según su análisis, la institución habría permitido la creación de cuentas para miembros del Cártel del Golfo con las que se habrían movido al menos 10 millones de dólares.
La sanción forma parte de una ofensiva más amplia que también alcanzó a Intercam y Vector, señaladas igualmente por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Las tres instituciones ya fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para trasladar sus fideicomisos a la banca de desarrollo.
El impacto financiero ha sido inmediato: los activos de CIBanco se redujeron 11.3% en un mes, al pasar de 140 mil 184 millones de pesos a 124 mil 269 millones, mientras que la captación de fondos cayó 25%. La institución advierte que, de mantenerse la medida, está en riesgo la administración de más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses, incluidos fondos de pensiones e inversiones.
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha defendido que hasta el momento “no existen pruebas” que acrediten los señalamientos de Washington. “Si hay pruebas, se actúa; no hay impunidad. Pero en este caso no las hay”, afirmó en junio la mandataria.
El caso eleva las tensiones en materia financiera y de cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Aunque CIBanco, Intercam y Vector representan menos del 1% del sistema bancario nacional, especialistas advierten que las sanciones podrían minar la confianza internacional en la solidez del sistema financiero mexicano.
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