En un revés político sin precedentes desde que asumió el poder, el presidente argentino Javier Milei sufrió este miércoles la primera gran derrota legislativa de su mandato. Con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma destinada a mejorar las prestaciones y la cobertura para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El resultado superó con amplitud los dos tercios necesarios y evidenció las fisuras en el bloque oficialista de La Libertad Avanza, así como en sus aliados de derecha y centro. Incluso tres diputados libertarios estuvieron ausentes en la votación, mientras que figuras clave del PRO, como la exgobernadora María Eugenia Vidal, se abstuvieron.
Una ley con fuerte respaldo social: el peso de la calle y la grieta oficialista
La ley, sancionada en junio y vetada a inicios de agosto por Milei bajo el argumento de que era “fiscalmente inviable”, declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Entre sus principales medidas, ordena saldar deudas con prestadores de salud, actualiza mensualmente los aranceles, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y obliga al Estado a cumplir con el cupo laboral del 4% en la administración pública.
El Ejecutivo estimó que su implementación costaría entre 3 y 6 billones de pesos en los próximos dos años, equivalente a casi 0,6% del PIB. Sin embargo, la Oficina del Presupuesto del Congreso calculó un impacto menor, entre 0,26% y 0,46%.
Mientras se debatía en el recinto, cientos de familias y organizaciones de personas con discapacidad protestaban frente al Congreso, reclamando la promulgación de la ley. Testimonios como el de Valentina Bassi, actriz y madre de un joven con autismo, resumieron el sentir de los manifestantes: “Son derechos, no privilegios. La piel de las personas con discapacidad no puede pagar el déficit cero”.
La presión social, sumada al malestar de sectores aliados, inclinó la balanza. Desde la oposición, la diputada Danya Tavela denunció que el Gobierno aplicaba “el ajuste fácil, contra los más vulnerables”, mientras que Victoria Borrego calificó el veto de “criminal”.
Impacto político y próximos pasos
El rechazo al veto representa un quiebre en el blindaje parlamentario que Milei presumía al inicio de su gestión. Su lema de “no hay plata” encontró esta vez un límite político y social. La disputa ahora pasa al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso por su débil representación.
De confirmarse allí el rechazo, el veto presidencial quedará sin efecto y la ley será promulgada. Este resultado marcaría no solo la consolidación de una oposición más cohesionada, sino también un serio cuestionamiento al programa de austeridad extrema del Gobierno libertario.
El mismo día, los diputados debatían además la posibilidad de rechazar otro veto presidencial: el de una ley que otorgaba un aumento extraordinario a jubilaciones y pensiones, lo que anticipa nuevas turbulencias para la estrategia económica de Milei en plena campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.
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