El presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios funcionarios cercanos fueron denunciados penalmente por presunta corrupción en un caso que involucra desvío de fondos públicos destinados a programas de asistencia para personas con discapacidad.
La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón en los tribunales federales de Comodoro Py, apunta a la existencia de una asociación ilícita para manipular contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los señalados figuran también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo y asesor presidencial, Eduardo “Lule” Menem; y Diego Spagnuolo, titular de ANDIS y exabogado personal del mandatario.
El caso tomó fuerza tras la filtración de una serie de audios difundidos en el canal de streaming Carnaval y replicados por medios como Clarín. En las grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo describe un presunto sistema de sobornos y comisiones ilegales en la compra de medicamentos. Según esos registros, la droguería Suizo Argentina S.A., vinculada a Eduardo Kovalivker, habría sido utilizada como intermediaria para centralizar adquisiciones y distribuir porcentajes de coimas entre los involucrados.
“De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 %. Lo llevás a Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia. A Karina le llega el 3 %, el 1 % es para mí”, se escucha decir en uno de los audios. En otro fragmento, Spagnuolo asegura haber advertido al mandatario: “Yo hablé con el presidente. Le dije: ‘Javi, está pasando esto’. Sabés que tu hermana está choreando”.
Dalbón acusó al entorno presidencial de delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública. Además, solicitó allanar las oficinas de ANDIS, de la Secretaría de Presidencia y de la empresa farmacéutica, así como investigar los movimientos financieros de los implicados.
El escándalo estalló en un contexto político tenso: el mismo día de la denuncia, el Congreso rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca garantizar derechos básicos y servicios para más de 1.5 millones de personas en ese sector.
La revelación golpea directamente a la administración libertaria, que asumió en diciembre de 2023 con la promesa de erradicar la “casta política” y aplicar un severo ajuste fiscal. Paradójicamente, los recortes a programas sociales y de salud, incluido el destinado a personas con discapacidad, han sido una de las marcas más duras de su gobierno, en medio de una recesión prolongada y con la pobreza escalando al 53 %.
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