La administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal sostén internacional del presidente salvadoreño Nayib Bukele, al avalar la reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y al desestimar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
El acercamiento entre ambas administraciones se consolidó tras un acuerdo que permitió la deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Según organizaciones civiles, esta cooperación ha derivado en abusos coordinados contra migrantes y opositores. La ONG Cristosal denunció que:
“Dos Estados están actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas”.
La relación entre Washington y San Salvador atravesó un periodo de tensiones bajo el gobierno de Joe Biden, cuando funcionarios cercanos a Bukele fueron incluidos en listas de actores “corruptos y antidemocráticos” y se condenó la habilitación judicial para su reelección inmediata. Bukele llegó a pedir públicamente que la “democracia” estadounidense no interfiriera en su país.
El viraje llegó con el nombramiento del embajador William Duncan en 2023, a quien Bukele condecoró este año antes de su retiro por haber “arreglado” la relación bilateral.
EE.UU. minimiza denuncias de abusos
En contraste con informes previos que señalaban torturas y malas condiciones en las cárceles salvadoreñas, el más reciente reporte de derechos humanos del Departamento de Estado, bajo la administración Trump, afirmó que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas”.
Celia Medrano, reconocida defensora de derechos humanos, cuestionó el sesgo político del informe:
“El caso de El Salvador evidencia que para el Departamento de Estado no es importante si se violan derechos humanos, sino si el gobierno en cuestión responde a los intereses de Estados Unidos”.
Medrano recordó que más de 250 migrantes venezolanos han sufrido “malos tratos, torturas e incluso agresiones sexuales” en prisiones salvadoreñas, además de la persecución a periodistas y opositores.
Respaldo a la reelección indefinida
El 5 de agosto, Washington respaldó la reforma constitucional que abre la puerta a la reelección indefinida de Bukele, aprobada de manera exprés por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. “Les corresponde a los salvadoreños decidir cómo debe gobernarse su país”, declaró un portavoz del Departamento de Estado, rechazando los señalamientos que comparan a El Salvador con “regímenes dictatoriales ilegítimos” de la región.
La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron que la medida erosiona la democracia y perpetúa al presidente en el poder, en una dinámica que asemejan a la de Nicaragua o Venezuela.
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