El empresario Ricardo Salinas Pliego se ha colocado nuevamente en el centro del debate público por su prolongada disputa fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En recientes declaraciones, Salinas Pliego afirmó que el gobierno de Morena —tanto en la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador como en la actual de Claudia Sheinbaum— estaría ejerciendo una presión desmedida para que cumpla con sus obligaciones tributarias, señalando que dicha presión busca “quebrarlo” por ser una voz incómoda.
Sin embargo, estas acusaciones contrastan con la realidad de que la deuda que el SAT reclama asciende a aproximadamente 75 mil millones de pesos, una cifra que representa un adeudo considerable acumulado desde 2010. Salinas Pliego argumenta que esta cantidad es excesiva y que busca pagar únicamente lo “correcto”, pero sus declaraciones han sido cuestionadas por expertos que señalan que el empresario ha aprovechado lagunas legales y recursos judiciales para retrasar el pago.
Además, pese a afirmar que mantiene independencia política y que no recibe recursos del gobierno, Salinas Pliego no ha ofrecido pruebas contundentes para justificar la demora y el monto adeudado. En sus críticas, también ha señalado que la presidenta Claudia Sheinbaum influye en el Poder Judicial para favorecer el cobro del SAT, acusaciones que algunos interpretan como una estrategia para desacreditar a las instituciones responsables del control fiscal.
Es importante recordar que su empresa Elektra ha generado grandes ganancias en los últimos años, y que los impuestos forman parte esencial para el financiamiento de servicios públicos. La insistencia del empresario en que ha pagado “demasiado” contrasta con los montos reclamados por las autoridades, y la disputa refleja la complejidad del sistema fiscal mexicano, donde las grandes empresas muchas veces recurren a maniobras legales para evadir responsabilidades.
En suma, más allá de la retórica sobre supuestas persecuciones políticas, la controversia con Salinas Pliego pone sobre la mesa un debate vigente sobre la transparencia y el cumplimiento fiscal de los grandes contribuyentes en México.
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