El conglomerado Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, enfrenta un nuevo golpe judicial en su prolongada batalla contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta vez, la justicia federal ratificó la legalidad de un crédito fiscal superior a 4 mil 916 millones de pesos, correspondiente a impuestos no pagados durante el ejercicio de 2011.
Se trata del tercer fallo adverso en apenas dos meses para el consorcio, lo que complica aún más su situación legal y financiera, considerando que mantiene litigios activos por una suma que ya supera los 74 mil millones de pesos.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó, por decisión unánime, una sentencia previa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), emitida en noviembre de 2022, que validaba el crédito fiscal. La resolución fue notificada formalmente el pasado 14 de agosto.
Este revés se suma a dos decisiones anteriores: una del 19 de junio, cuando se ratificó una deuda de mil 603 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, y otra del 24 de junio, en la que se confirmó otro crédito por 2 mil 4 millones de pesos ligado al año 2010.
En total, en tan solo ocho semanas, Elektra ha acumulado tres derrotas fiscales por un monto conjunto que rebasa los 8 mil 500 millones de pesos.
A pesar de este panorama, la empresa continúa cuestionando la legitimidad de los fallos. En diversas declaraciones y comunicados, representantes del grupo han sostenido que el proceso judicial ha sido influenciado por factores políticos, señalando presuntas presiones sobre magistrados como Ana María Ibarra, Alfredo Báez y Yaremi Penagos.
Además, Elektra ha optado por alargar el proceso mediante diversas estrategias legales, incluyendo recusaciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros recursos jurídicos diseñados para evitar una resolución definitiva. Esta maniobra permitiría que el caso eventualmente sea revisado por los nuevos jueces que asumirán funciones a partir del 1 de septiembre, quienes serán electos por voto popular según las reformas recientes.
Con esta serie de decisiones desfavorables, la presión sobre Grupo Elektra y su propietario aumenta, mientras el SAT continúa con su cruzada por hacer cumplir las obligaciones fiscales de grandes contribuyentes.
Foto: Redes
