Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos bloqueó este viernes el intento del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a más de 600 mil venezolanos vivir y trabajar legalmente en el país. El fallo representa un revés para la estrategia migratoria del mandatario republicano, que buscaba limitar de manera drástica este beneficio.
El panel de tres jueces del 9º Circuito coincidió de manera unánime en que los demandantes tienen altas probabilidades de ganar el caso, al sostener que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía autoridad para revertir una prórroga previamente otorgada por el Congreso. “El Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral”, escribió la jueza Kim Wardlaw, nominada por Bill Clinton.
El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó con dureza al fallo, acusando a los jueces de ser “activistas no elegidos”. En un comunicado, defendió que el programa TPS ha sido “explotado como amnistía de facto” y aseguró que la secretaria Noem agotará las vías legales para “restaurar la integridad del sistema migratorio”.
La decisión judicial mantiene vigente, al menos de forma provisional, la protección para cientos de miles de venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria y política en su país. No obstante, persiste la incertidumbre para los aproximadamente 350 mil migrantes cuyos permisos expiraron en abril, algunos de los cuales ya han enfrentado detenciones, deportaciones y separación de sus familias.
“Este fallo confirma que las acciones del gobierno fueron ilegales y abre una ruta para que se reviertan”, afirmó Emi MacLean, abogada de la ACLU en California, que representa a los demandantes. Sin embargo, advirtió que muchas familias seguirán en riesgo inmediato de perder su estatus antes de la próxima fecha crítica: el 10 de septiembre, cuando vence la protección para otro grupo de 250 mil personas.
El caso refleja el choque entre dos visiones de la política migratoria estadounidense: la de Trump, centrada en restringir al máximo programas temporales o humanitarios, y la de la administración de Joe Biden, que había extendido el TPS para los venezolanos. La batalla judicial continuará en los tribunales, mientras miles de familias migrantes permanecen en un limbo legal que impacta su trabajo, vivienda y estabilidad en Estados Unidos.
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