La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició funciones con un reto inmediato: desahogar más de mil 500 asuntos heredados por los ministros salientes, entre ellos los litigios fiscales que involucran al empresario Ricardo Salinas Pliego y que ascienden a más de 44 mil millones de pesos solo por parte de Elektra y TV Azteca.
El Pleno de nueve ministros acordó que, a partir de ahora, la asignación de casos se hará mediante un sistema automatizado y aleatorio, con el fin de evitar discrecionalidad en el turno y en la atracción de asuntos. Además, la reforma constitucional al Poder Judicial los obliga a resolver los juicios fiscales en un máximo de seis meses.
Los pendientes millonarios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene abiertos 15 asuntos por más de 47 mil millones de pesos, entre ellos los de Grupo Salinas (26 mil millones de pesos que con multas y recargos ascienden a 35 mil millones) y Movistar (4 mil 442 millones).
En el caso de Salinas Pliego, se trata de siete juicios relacionados con ejercicios fiscales desde 2008. Dos ya están impugnados en la Corte, tres más podrían llegar tras resoluciones favorables a la autoridad y otros dos esperan resolución en tribunales colegiados.
El Gobierno federal ha acusado a exministros de favorecer intereses económicos. Por ejemplo, el exministro Luis María Aguilar dejó sin resolver durante meses el caso Elektra, mientras que Javier Laynez propuso una deducción fiscal a Movistar que fue frenada por Lenia Batres.
Reforma judicial y audiencias públicas
La nueva Corte también deberá atender temas de alto impacto, como la revisión de la prisión preventiva oficiosa, cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque varias ministras defienden su permanencia, especialistas advierten que el Poder Judicial debe armonizar la Constitución con los tratados internacionales.
Entre las innovaciones, los ministros anunciaron audiencias públicas en asuntos relevantes, en las que podrán participar ciudadanía, expertos y comunidades, con lo que se busca mayor transparencia.
El ministro presidente Hugo Aguilar recordó que la Corte recibe unos 8 mil casos al año pero solo atrae un 20 por ciento. La promesa de la nueva integración es que las controversias con impacto directo en derechos de los ciudadanos –como educación, medio ambiente o consulta indígena– tengan prioridad.
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