El Congreso de Tamaulipas aprobó reabrir y analizar las cuentas públicas del sexenio 2016-2021 del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que se detectaran pagos por 46.3 millones de pesos a despachos jurídicos que presuntamente se encargaron de su defensa personal.
Con 26 votos a favor y seis en contra, los legisladores avalaron la propuesta presentada por diputados de Morena y del Partido del Trabajo, que instruye a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a revisar nuevamente los ejercicios fiscales correspondientes al gobierno de Cabeza de Vaca.
En la exposición de motivos, el diputado petista Elifa Gómez Lozano señaló que los despachos Coello Trejo y Asociados, de Javier Coello Trejo, y Accuracy Legal and Consulting, de Roberto Gil Zuarth —exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón—, recibieron recursos del erario tamaulipeco para cubrir servicios que, en los hechos, beneficiaban al exmandatario en lo personal. Detalló el legislador:
“El propio Coello ha asumido públicamente la defensa de García Cabeza de Vaca, mientras que Gil Zuarth fue su asesor jurídico de cabecera en el Senado y participó en litigios que lo favorecían directamente”.
El acuerdo legislativo establece que la revisión no sólo deberá constatar la legalidad de los pagos, sino también verificar la existencia de contratos, condiciones de adjudicación y los entregables que justifiquen las erogaciones.
70 denuncias por desvío de recursos
Este nuevo escrutinio se suma a las 70 denuncias presentadas por el gobierno de Américo Villarreal contra la administración anterior, de las cuales al menos 14 son de carácter penal.
El 27 de agosto, el director jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, informó que se detectó un presunto desvío superior a 343 millones de pesos mediante la adjudicación ilícita de contratos a empresas vinculadas con los hermanos Carmona.
Las denuncias fueron interpuestas ante instancias locales y federales por delitos relacionados con uso indebido de atribuciones, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Saldaña aseguró que no se trata de una persecución política, sino de una obligación del actual gobierno de transparentar el manejo de los recursos y esclarecer irregularidades que, dijo, impactaron directamente en la prestación de servicios de salud en Tamaulipas.
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