El Congreso local aprobó en tiempo récord una reforma a la ley de expropiaciones que, según legisladores de oposición, vulnera los derechos de los ciudadanos y podría utilizarse con fines políticos. El nuevo marco legal, bautizado como “Ley Alito” por el diputado morenista Carlos Ucán, ha sido interpretado como una medida dirigida contra el dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, quien enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito.
La reforma, avalada en apenas cinco días, establece que el gobierno estatal podrá declarar una propiedad como de “utilidad pública” con base en dictámenes técnicos, publicar el aviso en el Periódico Oficial y dar a los propietarios cinco días hábiles para manifestarse. Tras una audiencia, la autoridad tendrá diez días para resolver y, en caso de confirmar la declaratoria, contará con 30 días para emitir el decreto de expropiación. Además, contempla la ocupación inmediata del bien una vez notificado el afectado.
Uno de los cambios centrales es que la indemnización ya no se calculará con base en el valor catastral, sino en el valor comercial de la última transacción registrada, ajustada a la inflación. Sin embargo, opositores como el diputado Pedro Armentía López (MC) advierten que este esquema deja en indefensión a ejidatarios y herederos, cuyas tierras carecen de registro de compraventa. “Lo que vemos es un atropello, no una actualización de la ley”, señaló.
El morenista Carlos Ucán negó que la norma tenga dedicatoria, aunque admitió que, de ser necesario, podría aplicarse a Moreno. “No hay línea contra Alito; pero si sus terrenos o mansiones se compraron de manera dudosa y son útiles para un hospital o un desarrollo, el gobierno puede expropiarlos”, dijo.
El líder priista, por su parte, acusó persecución política y advirtió que la reforma amenaza la propiedad privada de todos los campechanos. “Mi patrimonio es lícito”, aseguró en entrevista radiofónica, y adelantó que dará a conocer información sobre propiedades de la gobernadora Layda Sansores, quien desde 2022 lo ha denunciado penalmente por presunto desvío de 83.5 millones de pesos.
El gobierno de Campeche, a través del consejero jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez, defendió la iniciativa y subrayó que la legislación no se actualizaba desde hace más de 40 años. Afirmó que ahora sí se garantiza el derecho de audiencia y se establece una indemnización “justa” con base en avalúos públicos o privados. “Tu propiedad no está en riesgo”, aseguró.
La oposición, sin embargo, sostiene que la prisa en la aprobación refleja intereses específicos, como facilitar la adquisición de terrenos para proyectos estratégicos, entre ellos el gasoducto en Hecelchakán o el polo de desarrollo en Ceiba Playa.
Con esta reforma, el gobierno de Campeche asegura modernizar un marco jurídico obsoleto; la oposición, en cambio, alerta de un instrumento que abre la puerta a abusos y que, en la práctica, refuerza el choque político entre Sansores y el dirigente nacional del PRI.
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