Tepoztlán, Morelos — La defensa de la tierra comunal ha puesto en el centro de la discusión al senador Gerardo Fernández Noroña. Comuneros del municipio analizan iniciar un juicio agrario de restitución para recuperar un predio ubicado en el Valle de Atongo, donde el legislador adquirió una propiedad valuada en 12 millones de pesos.
El conflicto surge porque el terreno se encuentra dentro de un polígono reconocido como tierra comunal mediante una resolución presidencial emitida en 1929. De acuerdo con la normatividad agraria, cualquier cesión de derechos sobre predios comunales debe ser aprobada por la asamblea, algo que, según los comuneros, no ocurrió en este caso.
La controversia escaló durante la más reciente Asamblea General de Bienes Comunales, realizada en la tradicional “Casa Verde”, donde se presentó una solicitud formal para recuperar el predio. La petición fue encabezada por Rubén Tapia Gama, comunero y abogado agrarista, quien sostiene que la adquisición del inmueble carece de aval comunal y, por tanto, podría considerarse inválida.
La asamblea pospone la decisión final
Aunque la discusión sobre la propiedad fue intensa, la asamblea comunal decidió posponer cualquier votación y dejar la determinación en manos del nuevo consejo de bienes comunales, que asumirá funciones en octubre. Será entonces cuando se defina si se inicia o no un juicio agrario de restitución.
La decisión de postergar el tema respondió a la necesidad de que la próxima mesa directiva analice el caso a fondo, convoque a las partes involucradas —incluido el senador Noroña— y revise la documentación que respalde la adquisición del predio.
Para proteger la deliberación interna, los comuneros acordaron restringir la presencia de medios y grabaciones dentro de la asamblea, alegando la sensibilidad del tema y el riesgo de presiones políticas externas.
Tepoztlán y su tradición de defensa comunal
El caso que involucra la propiedad de Gerardo Fernández Noroña forma parte de una larga historia de defensa del territorio comunal en Tepoztlán. Desde 1929, una resolución presidencial reconoció estas tierras como comunales, por lo que cualquier traspaso de derechos requiere la aprobación de la asamblea.
En décadas pasadas, la comunidad ya ha recurrido a juicios agrarios para proteger su patrimonio. En los años noventa, lograron recuperar 187 hectáreas que se destinarían a un campo de golf, así como la residencia conocida como “La Quinta Piedra”, vinculada a la familia Salinas de Gortari. Estos antecedentes muestran que la vía legal ha sido una herramienta constante para preservar el carácter colectivo de las tierras.
Ahora, el tema será revisado por el nuevo consejo comunal que asumirá funciones en octubre. En esa sesión se analizará la situación jurídica del predio, se escucharán todas las posturas —incluida la del senador— y se determinará si existen elementos para iniciar un juicio de restitución.
