El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se encuentra en el centro de una investigación federal por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal, que habría permitido el ingreso ilegal de millones de litros de gasolina al país.
Según fuentes oficiales, Ruffo figura entre las más de 200 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que apuntan a una amplia red compuesta por empresarios, militares y funcionarios de aduanas presuntamente coludidos en esta práctica ilegal.
El caso que involucra al exmandatario panista está vinculado a un megadecomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal realizado el pasado 7 de julio en Coahuila. La operación condujo a la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada como responsable del cargamento, en la cual Ruffo figura como socio mayoritario desde octubre de 2021.
Ingemar, originalmente enfocada en el sector inmobiliario, incursionó en el ramo energético en 2019, en un contexto en el que la administración federal mantenía congelados más de 8 mil permisos para operar en el sector. A pesar de estas restricciones, la empresa obtuvo un permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, lo que llamó la atención de las autoridades por el volumen inusualmente alto.
La compañía también aparece como contratista del gobierno federal en ese periodo, lo que ha encendido más alertas sobre posibles influencias indebidas o trato preferencial.
En una entrevista reciente, Ruffo reconoció su vínculo con la empresa, pero aseguró que su actuar ha sido transparente y legal. Declaró estar dispuesto a colaborar con las autoridades y se dijo tranquilo respecto al curso de la investigación. Aclaró que él permanece en México y no tiene intenciones de evadir la justicia.
El exgobernador rechazó que Ingemar tenga responsabilidad directa en los hechos, y atribuyó las operaciones señaladas a una empresa llamada Crismón Hidrocarburos y Derivados, la cual habría sido asignada por la Comisión Reguladora de Energía como su única comercializadora. Ruffo explicó que Ingemar sólo cuenta con un permiso de importación, y que no tiene facultades para comercializar por cuenta propia.
El caso de Ruffo Appel se inserta en una amplia ofensiva del gabinete de seguridad federal contra el huachicol fiscal, una práctica que no implica el robo físico de combustible de ductos, sino un fraude aduanal sofisticado. El esquema opera a través de la entrada irregular de gasolina al país, disfrazada como otros productos químicos, como sosa cáustica o aditivos, con la complicidad de funcionarios públicos y empresas privadas.
Las autoridades consideran este delito como uno de los más lucrativos que operan actualmente en las aduanas mexicanas, y han prometido llevar a todos los implicados ante la justicia, sin importar su perfil político o empresarial.
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