Una grave denuncia sacude al penal de Huejotzingo tras la difusión de dos videos en redes sociales que evidencian una agresión física directa contra una Persona Privada de la Libertad (PPL) por parte de un custodio penitenciario. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del propio centro, han generado una fuerte polémica entre la ciudadanía y diversas exigencias de intervención por parte de las autoridades.
En el primero de los videos, de apenas nueve segundos, se observa cómo un custodio propina múltiples patadas a un interno esposado, mientras otros elementos de seguridad presencian la escena sin intervenir. El segundo video, de mayor duración, muestra al mismo custodio recrudeciendo la violencia física: obliga al interno a mantenerse hincado, con la cabeza contra la pared, y lo golpea reiteradamente. Dos custodios más permanecen inmóviles, sin ofrecer auxilio.
Acompañando la filtración de los videos, se hicieron públicos señalamientos que apuntan a una red de corrupción al interior del penal. Entre las acusaciones, se destaca que los directivos presuntamente amenazan a los internos con ser trasladados al CERESO de Tepexi de Rodríguez si no acatan instrucciones arbitrarias. Asimismo, se habla de un trato preferencial para algunos reos, a quienes se les permitiría usar teléfonos celulares dentro del penal, facilitando su acceso a redes sociales.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya respondió a los hechos mediante un comunicado oficial, en el cual aseguró que colaborará con las instancias legales y de derechos humanos para esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Huejotzingo, encabezado por el presidente municipal Roberto Solís, ni los responsables directivos del centro penitenciario han ofrecido una postura pública sobre los hechos. La ciudadanía, por su parte, mantiene opiniones divididas: mientras un sector considera justificada la actuación del custodio, otros la condenan por representar un claro abuso de autoridad y una vulneración a los derechos humanos.
La situación exige una intervención urgente de las autoridades estatales y de derechos humanos para investigar la violencia institucional y frenar cualquier tipo de abuso físico, psicológico o de poder dentro del sistema penitenciario.
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