Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a nueve marinos y exfuncionarios aduaneros por su presunta participación en el desembarque irregular de combustible en las aduanas de Altamira y Tampico, operación conocida como huachicol fiscal.
Tras una audiencia de más de 17 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el juez de control Mario Martínez Elizondo dictó la medida por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Además, ratificó la prisión preventiva oficiosa para los imputados y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Los acusados habrían permitido el ingreso de al menos 31 buques con hidrocarburos ilegales en los últimos dos años, mediante la manipulación de trámites aduanales. Entre los barcos señalados se encuentra el Challenge Procyon, asegurado este año con 10 millones de litros de combustible importado por la empresa Intanza.
Además del vicealmirante Farías Laguna, fueron vinculados a proceso:
- Humberto Enrique “L”, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas.
- Clímaco “A”, capitán adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz.
- Sergio “V”, exsubdirector de Vigilancia de la Aduana de Tampico.
- Carlos de Jesús “E” y Fernando Ernesto “M”, exsubdirectores de aduanas en Altamira y Tampico.
- Endira Xóchitl “P”, exjefa de departamento en Altamira.
- Anatalia Jocelyn “G”, Ismael “R” y Perla Elizabeth “C”, verificadores en Tampico.
Por razones de salud, Perla Elizabeth “C” permanecerá en arraigo domiciliario con brazalete electrónico en Tampico, debido a que tiene 12 semanas de embarazo.
Contexto de la investigación
El fiscal general Alejandro Gertz Manero recordó que en 2024 la entonces Secretaría de Marina presentó denuncias por corrupción y lavado de dinero en aduanas marítimas. Posteriormente, operativos en Ensenada y Altamira confirmaron la existencia de depósitos con combustible no declarado.
“Cuando juntamos toda la información se dio el vínculo y al darse ese vínculo nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y pedimos las órdenes de aprehensión”, explicó Gertz.
El caso está marcado por la violencia: el juez reconoció que dos denunciantes fueron asesinados, entre ellos el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la FGR Magaly Janet Nava Ramos.
La FGR sostiene que los implicados integraban una red delictiva compuesta por mandos navales, funcionarios aduanales y empresarios. El proceso continuará bajo prisión preventiva, mientras la Fiscalía y las defensas recaban pruebas en los próximos seis meses.
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