Los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners intensificaron su presión sobre el gobierno de México al solicitar una vía directa de diálogo que permita resolver un conflicto que involucra una deuda de más de 500 millones de dólares por parte de TV Azteca. La controversia escaló a instancias internacionales tras considerar que el sistema judicial mexicano ha sido manipulado para proteger a la televisora y a su propietario, Ricardo Salinas Pliego, de cumplir con sus obligaciones financieras.
Los inversionistas, que iniciaron un arbitraje internacional bajo el marco del T-MEC, aseguran que el Estado mexicano ha permitido, mediante decisiones judiciales, que TV Azteca evada el pago de sus bonos desde 2017, cuando los emitió para obtener financiamiento. La deuda, que debió ser saldada años atrás, permanece en litigio luego de que en 2022 la empresa solicitara medidas cautelares en un juzgado civil de la Ciudad de México, argumentando que la pandemia de COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor.
Según los abogados que representan a los fondos, el tribunal presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas otorgó una suspensión del pago sin dar audiencia ni notificar a los inversionistas afectados. Esta decisión dejó en pausa las obligaciones de la televisora hasta que la Organización Mundial de la Salud declare oficialmente el fin de la pandemia, algo que hasta la fecha no ha ocurrido de forma explícita.
Aunque en mayo de 2023 la OMS anunció el fin de la emergencia sanitaria global, el tribunal argumentó que la pandemia como tal no ha terminado, por lo que TV Azteca continúa protegida judicialmente para no pagar. Esta interpretación ha sido considerada por los demandantes como un uso abusivo de los tribunales locales para evadir responsabilidades económicas.
Además, la empresa obtuvo otra medida cautelar en mayo de 2023 que le permitió no presentar reportes financieros públicos, lo que ha sido interpretado como un intento de ocultar su verdadero estado financiero. De acuerdo con los fondos de inversión, esta falta de transparencia ha sido clave para evitar que los acreedores demuestren la capacidad de pago real de la televisora.
El arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se sustenta en las cláusulas del T-MEC que exigen a los Estados garantizar un trato justo a los inversionistas extranjeros. Los fondos consideran que México ha fallado en su deber de asegurar un juicio equitativo y sin parcialidades y que, al permitir este tipo de medidas judiciales, se convierte en responsable internacional por los actos de sus órganos de justicia.
En este contexto, los demandantes buscan que el gobierno mexicano intervenga directamente para resolver la disputa, señalando que no es conveniente que el Estado utilice recursos públicos en la defensa de decisiones judiciales que, según ellos, sólo benefician a un empresario multimillonario cuyas empresas también tienen importantes adeudos fiscales con el país.
Los representantes legales de los inversionistas han señalado que, hasta ahora, no han recibido respuesta del gobierno mexicano, pese a que consideran que existe un interés común en erradicar el uso indebido del poder judicial para fines privados.
Los inversionistas reiteran que su objetivo no es litigar indefinidamente, sino recuperar sus recursos de forma justa, y han advertido que la deuda continúa creciendo. Por ello, insisten en establecer un canal de comunicación con altos funcionarios del gobierno para encontrar una salida que no comprometa más la imagen del sistema legal mexicano ante organismos internacionales y posibles futuros inversionistas.
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