El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo golpe financiero contra el Cártel de Sinaloa al imponer sanciones a la facción conocida como “Los Mayos” y a una red de operadores políticos y empresariales en Baja California, entre ellos la diputada federal de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, acusada de haber facilitado el control del grupo criminal sobre el municipio durante su gestión.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que las sanciones alcanzan a cinco personas y 15 empresas ligadas a la estructura financiera de la organización, así como al líder del brazo armado de Los Mayos, Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Señaló John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera:
“Estas designaciones forman parte de la estrategia del presidente Donald Trump para desmantelar al Cártel de Sinaloa y frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos”.
Red de corrupción en Rosarito
El Tesoro acusó que Brown Figueredo, junto con el empresario Jesús González Lomelí y el operador político Candelario Arcega Aguirre, facilitaron que los hermanos Alfonso y René Arzate García, cabecillas de Los Mayos en Baja California, controlaran el gobierno municipal de Rosarito, nombraran a sus aliados en cargos de seguridad pública y recaudaran pagos de extorsión. Detalló el informe de OFAC:
“Durante la presidencia de Brown, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los Arzate, ayudando a garantizar protección oficial a sus actividades delictivas”.
Además, se sancionaron los bares, restaurantes y complejos turísticos propiedad de González —entre ellos Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán— por ser usados para lavar millones de dólares del narcotráfico.
Golpe financiero
Con esta designación, todos los bienes y cuentas bancarias de los sancionados que estén en territorio estadounidense quedan bloqueados y se prohíbe a ciudadanos o empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que ejecutará un “bloqueo administrativo” de las cuentas de los 22 objetivos designados, como parte de los mecanismos de cooperación internacional contra el lavado de dinero.
“La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal”, aclaró la UIF, que adelantó que remitirá la información a la Fiscalía General de la República si detecta indicios.
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