La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó este lunes una denuncia penal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por el presunto delito de coacción en proceso judicial. La acusación también alcanza al bloguero y periodista Paulo Figueiredo, nieto del último presidente del régimen militar brasileño.
De acuerdo con el fiscal general Paulo Gonet, ambos habrían utilizado “amenazas graves” y presión internacional para tratar de influir en los jueces del STF que juzgaron y condenaron al expresidente Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su papel en el intento de golpe de Estado de 2023.
La Fiscalía sostiene que Eduardo Bolsonaro, quien reside en Washington desde marzo de este año, realizó gestiones ante el Gobierno de Donald Trump para imponer sanciones contra magistrados del STF y altos funcionarios brasileños. Dichas presiones derivaron en un arancel adicional del 50 % a productos brasileños y en la revocación de visas a jueces y ministros involucrados en el proceso contra Bolsonaro.
“Las conductas criminales se sucedieron, estructuradas por la amenaza de obtención de sanciones extranjeras tanto para los magistrados del Supremo como para el propio país. Su propósito fue librar a Jair Bolsonaro de una condena penal”, argumentó Gonet en su denuncia.
Entre las pruebas presentadas figuran publicaciones en redes sociales de Eduardo Bolsonaro y Figueiredo, así como datos extraídos de sus teléfonos móviles, que demostrarían su implicación directa en las gestiones de presión internacional.
El STF deberá decidir si acepta la denuncia para convertir a ambos en imputados en un proceso penal. Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, no fue incluido en esta acusación por falta de pruebas que lo vinculen directamente con las gestiones de coacción.
Pese a las sanciones y amenazas promovidas desde el exterior, el STF reiteró que no se dejará intimidar por presiones extranjeras y mantendrá la línea de responsabilidad penal contra quienes participaron en el intento de ruptura democrática.
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