La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció este miércoles la conclusión de la demolición de una presa ilegal y cinco represas construidas sin autorización en el rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Con ello, informó el organismo, quedó liberado el cauce del arroyo que alimenta al río Agujas y, a su vez, al río Conchos, una de las principales fuentes hídricas del estado.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de Conagua, Efraín Morales López, afirmó que este caso representa un ejemplo de cómo el poder político fue utilizado para beneficio personal en perjuicio de pequeños y medianos productores de la región. Señaló el funcionario:
“Era una presa construida de manera ilegal que retenía el agua e impedía que los productores pudieran realizar sus actividades. Lo que se hizo fue hacer justicia, de eso se trata este hecho en particular”.
Un largo proceso jurídico
De acuerdo con Morales López, la demolición se llevó a cabo luego de agotar todas las instancias legales. En mayo pasado, Conagua presentó públicamente evidencia de la existencia de la presa principal y cinco represas que acumulaban cerca de 700 mil metros cúbicos de agua. También se clausuraron pozos operados sin título de concesión.
El exgobernador Duarte obtuvo en un inicio una suspensión provisional que detuvo las obras de demolición; sin embargo, el 6 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito revocó la medida al confirmar que no existía autorización para el uso de aguas nacionales ni facultades municipales para aprobar dichas construcciones. Enfatizó Morales:
“Quedó demostrado que se trataba de un uso ilegal del agua, un abuso hacia la población de Chihuahua”.
Impacto ambiental y social
La modificación del cauce natural del arroyo El Saucito afectaba el suministro de agua para las comunidades agrícolas de la región, en un estado marcado por sequías recurrentes y una alta vulnerabilidad al cambio climático.
Conagua destacó que la liberación del cauce permitirá una mejor distribución del recurso hídrico entre productores locales y contribuirá a la gestión sustentable del agua. Concluyó Morales López:
“Estas obras se realizaron al amparo del poder público y en perjuicio de la gente. Con su demolición, cerramos este capítulo e impedimos que continúe la apropiación privada de un bien de la nación”.
La dependencia adelantó que continuará con la regularización de concesiones y el desmantelamiento de infraestructura hidráulica ilegal en otras entidades, como parte de su estrategia para garantizar el acceso equitativo al agua.
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