A once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso de que el caso no quedará en la impunidad. Afirmó durante su conferencia matutina de este viernes:
“Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso”.
Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene reuniones con el nuevo fiscal especial para el caso, Mauricio Pazarán, así como con autoridades federales y familiares de los normalistas. Reconoció que “lleva tiempo” obtener nuevas pruebas, pero insistió en que se han abierto nuevas líneas de investigación. Además, confirmó que su administración ha solicitado la extradición de Tomás Zerón desde Israel y de dos implicados más que se encuentran en Estados Unidos.
La mandataria también reaccionó a los hechos violentos ocurridos el jueves en el Campo Militar Número 1, donde manifestantes realizaron destrozos en las instalaciones:
“No estamos de acuerdo con acciones violentas, parecen más una provocación. No vamos a caer en esa provocación porque se busca que haya represión. No va a haber represión”.
Exigen decisión política para abrir archivos militares
La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, advirtió que aún es posible esclarecer el caso si existe una “decisión política” para romper el muro de silencio de las Fuerzas Armadas y entregar los 800 folios de la Sedena que, según ella, contienen información clave sobre el paradero de los estudiantes. Dijo la exfiscal:
“Lo que debe ocurrir es que la presidenta Sheinbaum haga valer su condición de comandante en jefa de las Fuerzas Armadas y ordene al Ejército entregar los archivos que se ha negado a dar a los investigadores”.
Buitrago recordó que el Ejército monitoreó a los normalistas desde su salida de Ayotzinapa hasta su llegada a Iguala en septiembre de 2014, pero existe un “apagón informativo” en los registros militares justo en el momento en que los estudiantes fueron atacados y desaparecidos.
Padres de los 43: entre esperanza y desconfianza
Aunque los padres de los normalistas han denunciado retrocesos en las investigaciones, Sheinbaum insistió en que el Estado tiene la obligación de agotar todas las vías para esclarecer el caso:
“El gobierno tiene que poner todo lo que esté de su parte para esclarecer el caso”.
Con el nuevo fiscal especial y el relanzamiento de líneas de investigación —incluyendo el papel de la Marina y las órdenes de aprehensión pendientes contra militares— el caso Ayotzinapa entra en una etapa que podría redefinir la relación entre la presidencia y las Fuerzas Armadas, históricamente reacias a abrir sus archivos.
El aniversario 11 de la desaparición de los normalistas mantiene viva la exigencia de justicia y plantea a la administración de Sheinbaum el reto de superar el llamado “muro verde” que ha frenado investigaciones durante más de una década.
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