La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, respondió a la información publicada por ADN 40, la cual señalaba que su equipo estaba integrado por 78 personas y que el gasto mensual de su ponencia superaba los 5 millones de pesos. Esta versión provocó reacciones en redes sociales y acusaciones de derroche.
Frente a estos señalamientos, la ministra rechazó los datos difundidos por el medio y explicó que la composición y los sueldos de su equipo son equivalentes a los de otras ponencias del máximo tribunal. Afirmó que no existe ningún sobresueldo ni privilegio adicional, y que su salario y el del personal bajo su responsabilidad no supera el del titular del Poder Ejecutivo federal, tal como lo exige la normativa vigente.
En ese mismo sentido, aclaró que el número de colaboradores responde a las funciones esenciales de una ponencia en la Corte, entre ellas, la revisión de casos, realización de audiencias y elaboración de proyectos de sentencia. La cantidad de personal, aseguró, está determinada por la carga de trabajo y no por decisiones discrecionales.
Desde su llegada a la SCJN, Lenia Batres implementó medidas de austeridad en su equipo, eliminando beneficios como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada. Estas decisiones, dijo, han representado una reducción significativa en el gasto operativo en comparación con otras áreas del Poder Judicial.
De acuerdo con información proporcionada por la propia ministra, entre enero de 2024 y agosto de 2025, su ponencia generó un ahorro de casi 19 millones de pesos respecto a otras ponencias en la Corte, lo que contradice las versiones que apuntan a supuestos excesos.
Finalmente, Batres puntualizó que las ponencias representan apenas el 9% del total de personal en la SCJN, lo que demuestra que su equipo no representa una carga desproporcionada dentro del aparato judicial.
Con esta respuesta, la ministra no solo desmintió públicamente la información difundida, sino que reiteró su postura a favor de la austeridad, la legalidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones dentro del Poder Judicial.
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