En una sesión marcada por el debate y la confrontación entre bancadas, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 a favor y 39 en contra en lo particular. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre como parte de su paquete de reformas judiciales, busca agilizar los procesos de amparo y evitar que se utilicen como mecanismo dilatorio en casos fiscales y administrativos.
Entre los cambios aprobados destacan:
- Digitalización del juicio de amparo, permitiendo la presentación de trámites en línea y el uso obligatorio de la Firma Electrónica.
- Ampliación de plazos: el tiempo máximo para dictar sentencia en amparos indirectos pasará de 60 a 90 días naturales.
- Redefinición del interés legítimo, que ahora incluirá afectaciones colectivas, aun sin daño directo o actual.
- Protección al mínimo vital, garantizando acceso a recursos básicos cuando haya bloqueo de cuentas por deudas fiscales.
- Restricciones a suspensiones de amparo, que no procederán en casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o deudas fiscales firmes.
Durante la discusión se aprobó también una reserva presentada por el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que establece que los casos en trámite se resolverán conforme al nuevo marco legal una vez que entre en vigor.
La oposición acusó a Morena y sus aliados de limitar derechos y debilitar la figura del amparo. La senadora panista Verónica Rodríguez Hernández afirmó que la reforma busca dar “más manos libres a la autoridad y menos defensa para las personas”. En el mismo sentido, la priista Carolina Viggiano advirtió que cambiar las reglas a juicios ya iniciados despoja a los ciudadanos de garantías constitucionales.
En contraste, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma en su conferencia matutina. Señaló que los cambios buscan acelerar la justicia, impedir que cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera sean desbloqueadas vía amparo y garantizar que resoluciones de la Suprema Corte no puedan suspenderse indefinidamente. Subrayó la mandataria:
“Hoy, con la ley vigente, basta un amparo para vaciar cuentas investigadas por lavado de dinero o retrasar por años la aplicación de sentencias de la Corte. Eso se acaba con esta reforma”.
Con la aprobación en el Senado, la iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados buscarán concretar su aprobación definitiva en las próximas semanas.
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