Ecuador vive una escalada de tensión social, con protestas indígenas y campesinas que recorren todo el país. Ante ello, el gobierno de Daniel Noboa respondió con militarización, ocupación de zonas pobladas y cortes de internet en comunidades, en lugar de abrir un diálogo con la población movilizada.
El presidente habilitó a las Fuerzas Armadas para intervenir contra lo que llamó “terrorismo”, sumándose a la represión de las manifestaciones pacíficas. El domingo 28 de septiembre, Efraín Fuerez, de 46 años, fue asesinado con tres disparos de armas de largo alcance, en un hecho atribuido a la presencia militar, mientras se reportan también torturas y detenciones arbitrarias de manifestantes.
El paro nacional comenzó el 20 de septiembre, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Durante los bloqueos en Otavalo y otras provincias, los militares respondieron con gases lacrimógenos, sin lograr frenar la protesta. En Quito y Cuenca, miles exigieron sanciones a los responsables del asesinato de Fuerez y la derogación de las medidas de ajuste económico.
Repetición de recetas autoritarias
Noboa retomó estrategias usadas por Lenín Moreno y Guillermo Lasso, presentándose como víctima de “grupos terroristas”. Durante el quinto día de paro, desafió a la CONAIE a “ganar la Presidencia o la Constituyente” para cambiar el modelo económico, descartando cualquier negociación. Además, acusó a bloqueadores de vías de recibir apoyo de grupos delictivos, señalando conexiones con minería ilegal y crimen organizado.
No obstante, las personas detenidas son trabajadores, campesinos y comerciantes, sin procesamiento legal por supuesta vinculación con la delincuencia. Hasta ahora, alrededor de 100 manifestantes permanecen arrestados en todo el país.
Intentos de soborno social
Para desmovilizar al sector social, Noboa ofreció bonos y compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel, que según el gobierno ahorrará 1.100 millones de dólares al año. Entre ellos destacan pagos de 400 a 1.800 dólares a transportistas y el Bono Agrícola Raíces de 1.000 dólares a pequeños agricultores. Sin embargo, las organizaciones siguen movilizadas, y la represión ya cobró una vida.
La relatora de la ONU, Gina Romero, condenó la violencia: “Protestar es un derecho, no puede costar la vida”. Diversas organizaciones de derechos humanos, académicos y artistas se unieron a la denuncia de los abusos.
Presiones internacionales y FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyó la eliminación del subsidio al diésel, alegando que beneficia más a los sectores de mayores ingresos y genera riesgos de contrabando y corrupción. Sin embargo, manifestó preocupación por los impactos sociales, instando a diálogo entre gobierno y sectores movilizados.
La sombra de Erik Prince
El fundador de Blackwater, Erik Prince, fue contratado por Noboa para formar a fuerzas de seguridad en Ecuador. Aunque el gobierno confirmó su participación, no se conocen los detalles ni el costo de su intervención, evidenciando una militarización con respaldo privado en medio de la crisis social.
Militarización y violaciones a derechos humanos
Un informe reciente revela que la militarización facilitó desapariciones forzadas y violaciones graves de derechos humanos bajo el “Plan Fénix” de Noboa. La estrategia incluye estados de excepción y la declaración de un conflicto armado interno, que amplían el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, aumentando el riesgo para la población.
La Fiscalía enfrenta obstáculos para investigar, con retrasos, omisión de diligencias y tergiversación de casos, mientras familias de víctimas exigen verdad y justicia.
Impacto internacional y resistencia
Organizaciones internacionales y locales han denunciado la violencia sistemática: en 2024, la ONU emitió 22 acciones urgentes por desapariciones en Ecuador, mientras que un comité en Guayaquil registró 33 casos similares. Familias de desaparecidos se organizaron para exigir respuestas ante la inacción del Estado.
La militarización de Noboa frente a la protesta social no ha logrado contener el descontento y, por el contrario, ha intensificado las violaciones a derechos humanos, dejando al país en un clima de alta tensión y sin vías de negociación claras.}
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Fotografía: Redes
