Un grupo de 21 activistas españoles que formaban parte de la iniciativa Global Sumud Flotilla regresó a España tras ser deportado por el gobierno israelí. Su arribo a Madrid, la noche del viernes, estuvo marcado por un recibimiento multitudinario y por fuertes denuncias sobre el trato recibido durante su detención en Israel.
Entre los repatriados se encontraban figuras públicas como Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, y varios diputados y sindicalistas. A su llegada, expusieron a los medios que durante su retención sufrieron maltratos físicos, amenazas y condiciones inhumanas. Según relataron, los soldados israelíes actuaron con violencia desde el momento de su detención y los mantuvieron en condiciones precarias durante su estancia en centros de reclusión.
Uno de los aspectos que más destacaron fue el nivel de intimidación sufrido. Varios miembros relataron cómo los militares israelíes les apuntaban con armas a zonas vitales del cuerpo, como la cabeza y el pecho, generando en algunos momentos un miedo real por su vida.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se convirtió en escenario de apoyo y solidaridad, donde decenas de personas se congregaron para recibir a los activistas, entre ellas familiares, amigos y simpatizantes de la causa palestina. La ministra de Sanidad, Mónica García, acudió personalmente con un equipo médico para realizar revisiones sanitarias básicas a los recién llegados, como medida preventiva ante los abusos denunciados.
Los activistas aseguraron haber sido atados, golpeados, aislados en celdas pequeñas, privados de alimento durante dos días y obligados a consumir comida en mal estado, además de carecer de agua potable y atención médica adecuada. En sus declaraciones, calificaron estos hechos como tortura, y denunciaron la intención del Estado israelí de enviar un mensaje ejemplarizante con su detención.
A pesar de la gravedad de los hechos, los activistas quisieron desvincular su experiencia del sufrimiento diario que vive la población palestina en Gaza e Israel, subrayando que la violencia que enfrentaron es mínima en comparación. Hicieron un llamado a mantener la movilización social en España en solidaridad con Palestina y pidieron a las instituciones del país que redoblen esfuerzos diplomáticos y humanitarios ante la situación.
Por otro lado, otros activistas que también integraban la flotilla, como los representantes de Podemos Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, se negaron a firmar los documentos de deportación exigidos por Israel, ya que hacerlo implicaba reconocer una entrada ilegal al país. Tanto ellos como miembros del partido catalán CUP, que aún permanecen detenidos, sostienen que fueron interceptados en aguas internacionales y trasladados por la fuerza a territorio israelí, lo que consideran un secuestro y una violación del derecho internacional.
Las agrupaciones políticas implicadas han reafirmado que no hubo ingreso ilegal a Israel y que su captura representa un abuso de poder por parte del Estado israelí. Diputados como Pilar Castillejo y dirigentes como Adrià Plazas permanecen detenidos, y sus partidos exigen su liberación inmediata.
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