A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza se ve envuelta en un nuevo escándalo que expone las contradicciones del discurso anticasta de Javier Milei, y vuelve a poner en evidencia la falta de transparencia y la improvisación que caracterizan a su espacio político. Esta vez, el epicentro del conflicto es José Luis Espert, hasta hace días cabeza de lista a diputado por Buenos Aires, quien renunció presionado por una denuncia de vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.
El caso salió a la luz tras conocerse que Espert recibió 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, actualmente procesado en Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de drogas. Además del pago, las investigaciones periodísticas apuntan a que el empresario le habría facilitado un avión privado para su campaña presidencial de 2019, lo que pone en duda la ética y la legalidad del financiamiento político del economista.
Aunque intentó negar en un primer momento su salida, Espert terminó bajándose de la candidatura tras reunirse con Milei, lo que deja entrever una interna que se quiso disimular con un relato épico de sacrificio por la patria. Sin embargo, la narrativa de persecución y complot mediático que construyó el propio Espert parece más una maniobra defensiva que una explicación convincente frente a las graves acusaciones en su contra.
Javier Milei, lejos de exigir explicaciones claras, optó por minimizar el escándalo y defender a su aliado político, a pesar de la magnitud del conflicto. En lugar de tomar distancia o exigir transparencia, el presidente prefirió instalar la idea de que todo forma parte de una “operación del kirchnerismo”, apelando nuevamente a la estrategia de victimización que ha sido constante en su gestión.
Este nuevo episodio refuerza la percepción de un gobierno que utiliza un doble discurso, donde la tan proclamada lucha contra la corrupción y la “casta” choca de frente con los pactos oscuros, los acomodos y las decisiones a puertas cerradas. A la falta de respuestas convincentes se suma el intento del oficialismo de modificar el orden de la lista a su conveniencia, ignorando la ley de paridad de género que debería colocar a Karen Reichardt como la sucesora natural de Espert.
Sin embargo, desde el entorno de Milei ya se está empujando la figura de Diego Santilli, tercero en la lista y ajeno al cupo de género, en un claro intento de forzar una interpretación legal que favorezca los intereses políticos del oficialismo. El uso discrecional de las normas, según convenga al poder, vuelve a instalar serias dudas sobre el respeto institucional del gobierno libertario.
El episodio desnuda la fragilidad y el oportunismo de una fuerza que se presentó como el gran cambio, pero que en la práctica reproduce las peores prácticas de la vieja política: financiamiento opaco, líderes que se victimizan, manipulación de las reglas del juego y decisiones tomadas en círculos cerrados sin debate interno.
Con la campaña electoral en marcha, el escándalo no solo afecta la credibilidad de Espert, sino que erosiona aún más la ya deteriorada imagen de Milei como líder coherente y transparente. Mientras tanto, la ciudadanía asiste a otro capítulo de un gobierno que prometió dinamitar la casta, pero que parece haberse mimetizado con ella más rápido de lo esperado.
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