Tras más de una década de operación, la empresa Agua de Puebla para Todos ha dejado un saldo negativo en materia de saneamiento, provocando un presunto daño económico cercano a los 5 mil millones de pesos, según denunció la Colectiva por el Bienestar Social. La agrupación lanzó un llamado urgente para revocar la concesión de la compañía, argumentando omisiones graves en el cumplimiento del servicio.
A través de un video difundido en redes sociales, la colectiva señaló que tan sólo en 2024, los ingresos reportados por Concesiones Integrales (nombre oficial de la empresa) superaron los 2 mil 132 millones de pesos, de acuerdo con cifras del informe anual. No obstante, esos ingresos contrastan con el nivel de cumplimiento en el servicio de saneamiento, el cual aseguran ha sido deficiente y negligente.
Lluvia García Vilchis, integrante y vocera de la organización, explicó que el cobro por concepto de saneamiento representa un 20% del total de los recibos emitidos por la empresa. Solo en el último año, esto equivaldría a más de 400 millones de pesos, monto que, según indicó, no se ha visto reflejado en acciones reales para mejorar el tratamiento de aguas residuales.
«No se trata de dinero, las pruebas de que la empresa ha sido fraudulenta están a la vista de todas y todos, hasta sus cómplices saben que han fallado a Puebla»
Además, García Vilchis expuso que si se consideran los recursos no utilizados adecuadamente para el suministro de agua potable, la cifra del presunto daño podría ser aún mayor. Afirmó que los elementos que muestran irregularidades están disponibles y son visibles para la ciudadanía, subrayando que incluso aquellos que han colaborado con la empresa reconocen su falta de cumplimiento.
La vocera también recordó que la concesión fue otorgada en 2014 por el gobierno de Rafael Moreno Valle, y que posteriores administraciones mantuvieron el esquema sin aplicar sanciones pese a los incumplimientos documentados. Desde su punto de vista, esto evidencia una cadena de complicidades institucionales que han permitido que la empresa opere con impunidad.
Uno de los argumentos más fuertes de la colectiva radica en una resolución judicial federal que reconoce a cerca de 500 mil usuarios afectados por la mala calidad del servicio. Este fallo valida la denuncia social sobre el incumplimiento tanto en el suministro de agua como en el saneamiento de los ríos Alseseca y Atoyac.
La organización recalcó que la revocación de la concesión no debe interpretarse como una decisión arbitraria, sino como una respuesta legal ante el reiterado incumplimiento por parte de la empresa. Aseguraron que existen suficientes fundamentos para iniciar este proceso.
Finalmente, señalaron que la concesionaria es responsable de al menos el 60% de la contaminación del río Atoyac, debido a descargas residuales que no han sido tratadas adecuadamente, situación que, advirtieron, ha derivado en consecuencias directas sobre la salud pública, especialmente en comunidades cercanas a cuerpos de agua contaminados.
Ilustración: Iván Rojas
