El paro nacional en Ecuador cumple 15 días marcado por la resistencia de comunidades amazónicas y la represión ordenada por el presidente Daniel Noboa, quien mantiene el estado de excepción en diez provincias. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) advirtió que podría “tomarse Quito” si el Gobierno persiste en su negativa al diálogo.
Las protestas surgieron tras la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas regresivas. Desde Pastaza, los pueblos amazónicos iniciaron la “Marcha por la Vida y el Territorio”, exigiendo respeto a sus derechos colectivos y el fin de la explotación petrolera y minera.
“¡Pastaza Viva, Pastaza Digna, Sin Petróleo, Sin Minería!”, corearon las comunidades en defensa de su territorio y su cosmovisión.
Estado de excepción y violaciones a derechos humanos
El gobierno de Noboa respondió con represión y militarización, suspendiendo la libertad de reunión durante 60 días. Según la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, hasta el 5 de octubre se registraron 219 vulneraciones, 95 detenidos, 112 heridos, 12 desaparecidos y una persona asesinada.
El asesinato de Efraín Fuérez y la exigencia de justicia
La violencia estatal escaló tras el asesinato del líder indígena Efraín Fuérez en Imbabura, quien murió de un disparo por la espalda mientras protestaba. Su esposa, Lucía Guitarra, denunció: “No salimos a matar, salimos a reclamar lo que es nuestro”.
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, responsabilizó directamente al Gobierno de Noboa y exigió una investigación internacional independiente para evitar la impunidad.
La Alianza ecuatoriana de DD.HH. documentó además golpizas y brutalidad militar contra manifestantes, incluyendo agresiones al cuerpo de Fuérez mientras agonizaba.
Criminalización del movimiento social
El Gobierno ha intentado criminalizar la protesta, acusando a campesinos y artesanos kichwas —conocidos como “Los 12 de Otavalo”— de terrorismo y trasladándolos a cárceles de alta seguridad.
Organizaciones denunciaron que el Ejecutivo busca vincular a los detenidos con grupos criminales como el Tren de Aragua, con el fin de justificar la represión y desacreditar las movilizaciones.
Llamado al diálogo ante la escalada social
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, instó al Gobierno a abrir un “diálogo serio y concreto” para frenar la violencia. Sin embargo, Noboa mantiene su postura de no negociar ni retroceder en la eliminación del subsidio al diésel, lo que mantiene al país en una tensa confrontación social.
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Fotografía: Redes
