Dos semanas después de haberlas anunciado, las iniciativas del Ejecutivo federal para regular el uso del agua en México llegaron este jueves a la Cámara de Diputados. Los proyectos, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, proponen expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de fortalecer la soberanía hídrica del país y garantizar el derecho humano al acceso al recurso.
Las propuestas —firmadas por Sheinbaum el pasado 1 de octubre— buscan aumentar las sanciones por delitos hídricos, crear un Fondo Nacional del Agua y eliminar el régimen de transmisiones de derechos del líquido entre particulares, medida con la que el Gobierno pretende frenar el mercado negro y recuperar el control estatal sobre la distribución.
En su exposición de motivos, la mandataria sostuvo que las reformas buscan “garantizar el derecho humano al agua y recuperarla como recurso de la nación”, además de erradicar “la visión neoliberal del agua como mercancía”, instaurada desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Un nuevo marco de gestión hídrica
La Ley General de Aguas establecerá las acciones que deben asumir los tres órdenes de gobierno para asegurar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. También pretende fomentar la cultura del agua, promover su uso racional y sustentable y reconocer los sistemas comunitarios de gestión del recurso.
En tanto, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales refuerzan la idea de que el Estado será el único responsable de regular el uso del agua, y establecen que toda concesión que no se utilice conforme al fin autorizado deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para su redistribución.
Además, se propone sustituir el actual Registro Público de Derechos de Agua por un Registro Nacional del Agua, con el propósito de mejorar la transparencia y control del régimen de concesiones.
Contra el acaparamiento y por la soberanía alimentaria
La iniciativa también modifica las reglas para el pago de cuotas de garantía, con el fin de evitar el acaparamiento y asegurar que el agua llegue “a quien realmente la necesita y la usa”. En el ámbito agrario, plantea nuevas reglas de concesión para garantizar el abasto destinado a la soberanía alimentaria.
Con estas medidas, el gobierno federal busca avanzar hacia un modelo de gestión pública, equitativa y sustentable del recurso hídrico, considerado por Sheinbaum como un bien estratégico de la nación y no como una mercancía sujeta al mercado.
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