Tras seis años de lucha, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Valles de Anáhuac se reunieron con autoridades del gobierno de Tamaulipas para recibir una propuesta inicial de reparación integral, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El encuentro se realizó en Estación Palabra, Nuevo Laredo, luego de una huelga de hambre de casi tres días en la explanada Esteban Baca Calderón. Participaron defensores de derechos humanos, funcionarios estatales y víctimas de los hechos ocurridos en 2017, cuando elementos de la Policía Estatal asesinaron a varias personas en la zona rural de Anáhuac.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, detalló que la propuesta incluye cinco puntos clave: reparación del daño, atención médica y psicológica urgente, apoyos sociales y becas educativas. “Es una propuesta seria. No hemos terminado las conversaciones, pero esto es un avance importante”, afirmó.
El gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal, se comprometió a asumir la responsabilidad institucional, a pesar de que los crímenes ocurrieron en el sexenio anterior. El subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez, declaró: “Aunque estos delitos se cometieron antes, nuestra administración tiene la obligación de responder”.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas será la encargada de coordinar los apoyos en salud, alimentación, educación y asesoría jurídica, conforme a las recomendaciones de la CNDH.
En el plano judicial, Ramos Vázquez denunció que dos policías estatales continúan prófugos desde 2022, pese a existir una recompensa de 250 mil pesos. Se trata de Francisco Hernández Carbajal y Edith Esteban Cruz. También cuestionó la figura de testigos protegidos otorgada a tres elementos que no han aportado significativamente a la investigación.
“Mientras no se capture a los prófugos y no se revise la situación jurídica de quienes recibieron beneficios, la carpeta no puede considerarse cerrada”, advirtió Ramos Vázquez.
Las víctimas advirtieron que podrían retomar las protestas si no hay avances concretos en los próximos 30 días. El expediente por violaciones graves a derechos humanos sigue abierto tanto a nivel local como federal.
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