La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó este viernes la autorización de CIBanco para operar como institución de banca múltiple, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a la entidad por presuntamente participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico de fentanilo.
La medida se da a tan solo 10 días de que entren en vigor las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, instituciones acusadas de facilitar transacciones financieras a redes del crimen organizado.
En un comunicado, la CNBV explicó que la revocación se realizó “a solicitud voluntaria” de los accionistas del banco, quienes consideraron que la liquidación “era la mejor opción para los intereses de sus clientes”. Sin embargo, fuentes financieras señalan que la decisión ocurre en medio de un creciente escrutinio internacional sobre el sistema bancario mexicano y sus mecanismos de prevención de lavado de dinero.
Tras la revocación, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que el 13 de octubre comenzará el pago de las obligaciones garantizadas a los depositantes de CIBanco.
El IPAB aclaró que los clientes que mantienen créditos vigentes con CIBanco deberán continuar cumpliendo con sus pagos, aun cuando la institución se encuentre en proceso de liquidación.
Antecedentes del caso
El pasado 1 de octubre, Vector Casa de Bolsa —también señalada por el Departamento del Tesoro— anunció un acuerdo con Finamex para el traspaso de cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos, en un intento por mitigar el impacto de las sanciones.
Asimismo, a finales de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que tanto CIBanco como Intercam habían vendido parte de sus operaciones a otras entidades financieras, luego de que la CNBV interviniera temporalmente para proteger los recursos de los clientes.
Con esta decisión, la CNBV busca mantener la estabilidad del sistema financiero mexicano y enviar un mensaje de cero tolerancia frente a posibles vínculos entre instituciones bancarias y redes del narcotráfico, en medio de una creciente presión internacional para reforzar los controles contra el lavado de dinero.
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