El gobierno del presidente Donald Trump denunció este martes que organizaciones criminales mexicanas estarían ofreciendo recompensas de hasta 50 mil dólares por asesinar a agentes migratorios estadounidenses, en una presunta red de colaboración con pandillas y grupos extremistas en Estados Unidos.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) aseguró haber obtenido “información de inteligencia creíble” que revela la existencia de un programa de recompensas impulsado por cárteles mexicanos en conjunto con pandillas como los Latin Kings y sectores radicales vinculados a movimientos como Antifa.
“Estos cárteles han estructurado un sistema de pagos que incentiva la violencia contra el personal federal, con montos que aumentan según la gravedad de las acciones”, señaló el DHS.
De acuerdo con el reporte, las recompensas iniciarían en 2 mil dólares por recabar información privada o fotografías de los agentes y sus familias; subirían a entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestros o ataques no letales; y alcanzarían hasta 50 mil dólares por el asesinato de funcionarios de alto rango de las agencias migratorias ICE y CBP.
La secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, condenó lo que calificó como “una campaña organizada de terror” contra los agentes estadounidenses.
“Nuestros agentes enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte solo por cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. No cederemos ante estas amenazas”, afirmó Noem.
El DHS sostiene que pandillas locales en barrios de Chicago, como Pilsen y Little Village, han desplegado redes de vigilancia o “halcones” para monitorear los movimientos de agentes federales durante las redadas migratorias de la Operación Midway Blitz. Estas células, según el informe, utilizan sistemas de radiocomunicación para alertar y obstaculizar los operativos.
Aunque el gobierno de Trump acusa directamente a “cárteles mexicanos” de patrocinar estas acciones, no presentó evidencia concreta ni identificó a las organizaciones responsables. La narrativa oficial combina la supuesta participación de grupos criminales de ambos países bajo la denominación genérica de “cárteles”, sin especificar nombres.
El informe también sugiere que parte de la oposición a las redadas migratorias recientes estaría siendo “fomentada” por organizaciones del narcotráfico, un argumento recurrente en la retórica de la actual administración, que ha endurecido su discurso sobre seguridad fronteriza y migración irregular.
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