La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general la reforma a la Ley de Amparo, en una sesión marcada por un amplio debate y críticas de la oposición, que advirtió un “retroceso” en la protección de los derechos ciudadanos frente a los actos de autoridad.
El dictamen, avalado por las comisiones unidas de Justicia y Hacienda, fue aprobado con 345 votos a favor de Morena y sus aliados y 131 en contra de los partidos de oposición. Tras la votación en lo general, el pleno entró a una discusión en lo particular con más de 300 reservas presentadas, aunque se prevé que sólo se acepten tres modificaciones a la minuta enviada por el Senado.
Entre los votos destacados, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero (Morena) optó por la abstención, al igual que los diputados Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto del PT. En tanto, Ana Érika Santana (PVEM) y Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) votaron en contra. Esta última argumentó que la reforma “afectará el interés colectivo” y podría tener consecuencias negativas para los pueblos indígenas, por lo que presentó una reserva para mantener el derecho de las comunidades a promover amparos en defensa de sus derechos colectivos.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que uno de los cambios que su bancada impulsará responde a las críticas sobre los requisitos para solicitar un amparo, al suprimir la obligación del juez de verificar si la ejecución del acto reclamado causaría “daños de difícil reparación”.
Otro ajuste busca aclarar el momento procesal en que los asuntos en curso deberán resolverse bajo el nuevo marco legal, y no conforme a la legislación anterior.
Una tercera modificación, presentada de manera conjunta por Monreal y Ricardo Mejía Berdeja (PT), precisa que los permisos, concesiones o autorizaciones del gobierno federal constituyen un derecho adquirido, por lo que no estarán sujetos a revocación o anulación arbitraria.
Mejía Berdeja detalló que esta precisión busca proteger al sector transportista y a otras actividades reguladas, evitando que la suspensión en un juicio de amparo se niegue a quienes ya cuentan con permisos válidos, pero enfrentan su revocación. “Si lo dejamos como está —advirtió—, un transportista al que le revoquen su permiso no podría obtener la suspensión provisional y sería afectado injustamente”.
La discusión en lo particular continuará durante la noche, en un ambiente de división política.
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