La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y diversas organizaciones sociales denunciaron este martes una “brutal represión” por parte de las fuerzas de seguridad en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, que habría dejado al menos 45 heridos y 31 personas detenidas.
Según los reportes difundidos por la CONAIE, efectivos del Ejército y la Policía habrían utilizado granadas de impacto múltiple, gases lacrimógenos y explosivos a corta distancia contra comunidades movilizadas, provocando heridas graves a varios manifestantes, incluidos niños, mujeres y adultos mayores.
“Las detonaciones dentro de viviendas y espacios comunitarios dejan, hasta el momento, más de 40 heridos, varios de gravedad. Este es un ataque directo del Gobierno de Daniel Noboa contra el pueblo, que evidencia una política de guerra interna y represión brutal”, denunció la organización indígena.
La CONAIE responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa por los hechos y acusó a su administración de convertir las comunidades indígenas “en zonas de guerra”, al tiempo que exigió el retiro inmediato de las fuerzas policiales y militares de Otavalo y el cese total de la represión.
Las denuncias incluyen también el presunto ingreso de agentes de seguridad a hospitales y el bloqueo de accesos a centros de salud para impedir la atención a los heridos. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) calificó estas acciones como violaciones graves a los derechos fundamentales.
“Negar atención médica y realizar detenciones en espacios de salud viola tratados internacionales de derechos humanos”, advirtió la organización.
Por su parte, la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador alertó sobre el “riesgo creciente” a la vida e integridad de la población, señalando que las acciones de la fuerza pública buscan “sembrar terror colectivo” y desmovilizar las protestas sociales.
Las organizaciones exigieron la liberación inmediata de las personas detenidas, atención médica sin hostigamiento para los heridos y la intervención urgente de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), con el fin de documentar y verificar las violaciones denunciadas.
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