Madagascar atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia reciente, tras el golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas, que anunciaron la anulación de la Constitución y la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT).
El nuevo órgano, encabezado por el coronel Michael Randrianirina, asumió el poder político luego de que el presidente Andry Rajoelina abandonara el país alegando amenazas contra su vida. El CDNT declaró que gobernará durante dos años y que su propósito es restaurar la legalidad republicana y recuperar la confianza ciudadana, preparando el terreno para un futuro referéndum constitucional y elecciones generales.
En su primera proclamación, el CDNT suspendió la Constitución de 2010, disolvió el Senado y el Tribunal Constitucional, y mantuvo únicamente activa la Asamblea Nacional. Fuentes parlamentarias confirmaron la salida de Rajoelina del país, mientras que el Tribunal Constitucional validó la vacancia presidencial y nombró provisionalmente a Randrianirina como jefe de Estado, exigiendo la convocatoria a elecciones en un plazo máximo de 60 días.
Las protestas sociales que derivaron en el golpe comenzaron por la escasez de agua y electricidad, pero pronto se transformaron en un movimiento masivo contra la pobreza y la desigualdad estructural. Según el Banco Mundial, el 75 % de la población vive bajo la línea de pobreza y el PIB per cápita ha caído un 45 % desde 1960, lo que profundiza el malestar ciudadano.
Miles de manifestantes, entre ellos jóvenes de la llamada “Generación Z”, celebraron la caída del gobierno en la plaza 13 de mayo, calificando a Rajoelina como “títere de Francia” por su doble nacionalidad y sus vínculos con el país europeo.
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