Japón ha iniciado un giro histórico en su política de defensa, dejando atrás décadas de postura pacifista. Ante un contexto geopolítico más tenso, el país asiático aumenta su gasto militar, moderniza sus capacidades y considera ajustes constitucionales que le permitan adoptar una defensa más activa.
Este cambio cuenta con respaldo político y social amplio, a pesar de la fragmentación de la oposición y del debate sobre quién liderará próximamente el gobierno. Figuras como Sanae Takaichi, del Partido Liberal Democrático, encabezan las encuestas para suceder al primer ministro, sin que ello haya frenado el proceso de rearme.
Actualmente, el presupuesto militar japonés alcanza el 1.8 % de su PIB, con la meta de llegar al 2 % para 2027, el nivel más alto desde los años 60. Tokio planea adquirir misiles de largo alcance, drones, satélites de rastreo y desarrollar capacidades de contraataque. Además, busca impulsar su industria armamentística, inspirándose en el modelo surcoreano, con la intención de convertirse en un actor relevante en exportación de tecnología militar.
Este giro responde a presiones externas, particularmente de Estados Unidos, y a «amenazas» como la creciente actividad militar de China y Corea del Norte en el Pacífico. A pesar de las críticas de ambos países, Japón considera que reforzar su defensa es clave para mantener la estabilidad regional.
Internamente, el debate se enfoca en cómo financiar este aumento, con propuestas que van desde nuevos impuestos hasta la reasignación de fondos.
Japón ya no es solo un observador pasivo, sino un actor dispuesto a asumir un papel más activo en la seguridad regional.
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