Mayra Guadalupe Vázquez Gordillo, quien fuera electa regidora para el periodo 2024-2027 en Tehuacán, acusó al presidente municipal Alejandro Barroso Chávez de haberla presionado para renunciar a su cargo mediante amenazas y actos de hostigamiento, lo que configura violencia política en su contra.
Según relató la exconcejal de Salud durante una conferencia de prensa, el 15 de octubre de 2024 fue forzada a firmar una licencia temporal bajo el argumento de que solo sería un trámite breve. Sin embargo, pocos días después, el alcalde la convocó en su consultorio médico para insistir en que firmara una renuncia definitiva.
Guadalupe Vázquez explicó que, al mostrar su rechazo a la renuncia, Barroso Chávez la intimidó asegurándole que sufriría represalias si continuaba con su reclamo, incluso llegando a advertirle que podría afectar a su esposo por supuestos vínculos con personas peligrosas. Este tipo de amenazas evidencian una estrategia para obligar a la exregidora a abandonar su cargo.
Posteriormente, en junio de 2025, la exregidora solicitó reincorporarse al cabildo, pero su petición fue desechada sin justificación clara. Ante ello, interpuso un juicio de derechos político-electorales, sin que las autoridades municipales atendieran su solicitud. Más tarde, el Tribunal Electoral desestimó su recurso, tomando como base la respuesta negativa del secretario municipal, lo que ha levantado dudas sobre la transparencia del procedimiento.
Ante estas irregularidades, Guadalupe Vázquez interpuso una impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales, en busca de que se haga justicia.
Además, la exregidora denunció que ha sido víctima de campañas de hostigamiento a través de redes sociales, donde circulan videos con contenido misógino y difamatorio en su contra. Por esta razón, expresó temor por su seguridad y responsabilizó al presidente municipal por cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir ella o su entorno cercano.
Finalmente, hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta Mier para que intervenga de forma urgente y garantice el respeto a sus derechos, así como la protección de su integridad.
Foto: Agencia Enfoque
