La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para tipificar la extorsión como delito grave, con el objetivo de unificar su persecución en todo el país. La propuesta contempla que el delito se persiga de oficio y que las víctimas puedan denunciar de forma anónima, fortaleciendo la protección ciudadana.
La iniciativa también incluye sanciones severas contra el contrabando y la emisión de comprobantes fiscales falsos, en respuesta al incremento del tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos. Estas prácticas serán consideradas delitos graves bajo el nuevo marco legal.
El proyecto plantea un tipo penal básico con penas de 6 a 15 años de prisión, además de 43 agravantes agrupadas en tres categorías, que permitirán adaptar las sentencias según la modalidad del delito.
Entre las agravantes destacan aquellas relacionadas con cobro de piso, manipulación de precios, uso del sistema financiero y ataques contra candidatos políticos. También se contemplan agravantes cuando la extorsión se comete contra migrantes, menores, personas embarazadas o adultos mayores, así como cuando se amenaza la integridad física o emocional de la víctima.
La violencia, el uso de menores, la simulación de accidentes (“monta choques”) y la participación de funcionarios públicos también serán considerados agravantes. Además, se sancionará a quienes encubran, colaboren o sirvan de enlace logístico en la comisión del delito, y se exigirá la reparación integral del daño.
“La extorsión es una conducta ilícita que, generalmente, se actualiza cuando una o varias personas, con el ánimo de lucrar, coacciona directa o indirectamente a otra u otras… provocándole un daño a su patrimonio o a su esfera psicológica o emocional”, señaló Sheinbaum en la exposición de motivos.
La presidenta subrayó que la expansión del delito se ha facilitado por el uso de tecnologías que permiten a los agresores operar sin contacto directo con las víctimas, como teléfonos, dispositivos electrónicos y redes digitales.
La propuesta también busca cerrar el círculo de impunidad, sancionando a toda la red que sostiene la extorsión, incluyendo a quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios. Por ello, se plantea que los directores de penales estén obligados a instalar sistemas de bloqueo de señales de voz, datos e imágenes.
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Fotografía: Redes
