El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue ingresado este martes a la prisión de La Santé, en París, luego de que la justicia ratificara su condena a cinco años de prisión por asociación ilícita, en el marco de una investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007.
Según los tribunales, Sarkozy habría participado en una red que canalizaba dinero desde el gobierno del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, con el fin de obtener ventajas políticas y diplomáticas a cambio de apoyo económico. El esquema habría operado entre 2005 y 2007, justo cuando el político buscaba afianzar su carrera hacia el Palacio del Elíseo.
Al momento de entregarse, el exmandatario —quien cuenta con 70 años de edad— fue acompañado por su esposa, la exmodelo y cantante Carla Bruni, y fue trasladado directamente a una celda de aislamiento de 9 metros cuadrados, sin contacto con otros internos. Es la primera vez que un expresidente francés cumple una pena de prisión efectiva.
Tras su ingreso a la cárcel, Sarkozy compartió un mensaje en redes sociales donde expresó su indignación ante lo que calificó como un “escándalo judicial”. Afirmó sentirse víctima de una venganza política y aseguró que, a pesar del daño personal y moral, la verdad saldrá a la luz. El exmandatario dejó claro que no se considera culpable y lamentó profundamente la imagen que esta situación proyecta de Francia.
Por su parte, su equipo legal no tardó en actuar. Poco después de su encarcelamiento, sus abogados presentaron una solicitud de liberación, argumentando que no existen riesgos procesales como la destrucción de pruebas o la influencia sobre testigos. El abogado Christophe Ingrain subrayó que no hay elementos que justifiquen la prisión preventiva, señalando además que no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente a Sarkozy con los fondos libios.
Aunque Sarkozy fue hallado culpable de asociación ilícita, el tribunal lo absolvió de otros cargos más graves, entre ellos, corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.
Este caso ha causado gran revuelo tanto en Francia como en la comunidad internacional, al poner nuevamente en el centro del debate la relación entre poder político, financiamiento y justicia.
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