La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato del empresario y dirigente limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el pasado 20 de octubre en la región de Apatzingán, Michoacán, y aseguró que el Gobierno de México acompañará al estado en las investigaciones para garantizar justicia.
“Es muy triste lo sucedido, tiene que haber justicia”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde informó que el tema fue abordado ampliamente en la reunión del Gabinete de Seguridad.
Sheinbaum explicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un informe detallado sobre el caso y confirmó la detención de Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, presunto responsable del homicidio.
El cuerpo de Bravo, de 35 años, fue encontrado dentro de su vehículo con huellas de tortura y un disparo en la cabeza, sobre la carretera que conecta Apatzingán con la comunidad de Los Tepetates, en una zona controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con las primeras investigaciones, el líder citrícola habría sido secuestrado un día antes, tras recibir una llamada relacionada con el tema de las extorsiones que afectan a los productores de limón en la Tierra Caliente.

Bravo Manríquez era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán e integrante de la Asociación Nacional de Citricultores. En los últimos meses se había convertido en una de las voces más visibles contra el cobro de piso impuesto por el crimen organizado, que llega hasta dos pesos por kilo de limón.
El pasado 12 de octubre, participó en una manifestación en Morelia y Apatzingán, donde productores tiraron más de dos toneladas de limón en protesta por el desplome del precio del cítrico, que se vende a menos de siete pesos por kilo. En esa ocasión, el propio Bravo advirtió en redes sociales que continuarían las movilizaciones durante las fiestas de octubre, programadas para el 22 de octubre, como una nueva forma de presión al gobierno estatal.
Sheinbaum reiteró que su gobierno no permitirá impunidad y que el Gabinete de Seguridad federal continuará colaborando con la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con la Fiscalía General del Estado para dar con todos los responsables.
“Vamos a acompañar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Lo que sucedió en Apatzingán no puede quedar impune”, subrayó la presidenta.
El asesinato de Bravo es el tercero en menos de un año contra productores limoneros de la región, todos ellos víctimas de amenazas y extorsiones por parte de grupos criminales.
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