La Contraloría Municipal de Puebla mantiene abiertas mil 452 investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas tanto por funcionarios actuales como por exservidores públicos. Esta cifra fue revelada en el marco de la glosa del primer informe del presidente municipal, José Chedraui Budib.
Según explicó la titular del área, Dulce Lilia Rivera Aranda, los casos en proceso se concentran principalmente en cinco dependencias, lo que representa el 60% del total. Aclaró que este alto número de expedientes se debe a que estas áreas tienen mayor contacto con la ciudadanía, lo que eleva las posibilidades de quejas y observaciones.
Las irregularidades más comunes están relacionadas con el uso indebido del cargo, seguidas por anomalías en el proceso de entrega-recepción, falta de cumplimiento con las declaraciones patrimoniales, negligencias administrativas —especialmente en casos de siniestros o pérdidas de equipo—, y deficiencias en la prestación de servicios o trámites municipales.
Encabezan la lista la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con 438 expedientes, seguida por la Secretaría General de Gobierno (166), la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (151), Industrial de Abastos de Puebla (91) y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura (81).
Más de mil 800 irregularidades detectadas en entrega-recepción
Como parte del proceso de entrega-recepción con la administración saliente, se revisaron 451 actas, de las cuales 159 presentaron observaciones, sumando un total de mil 803 irregularidades detectadas.
Las áreas con más incidencias fueron la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati), la misma Contraloría, la Tesorería, Industrial de Abastos de Puebla y el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL).
En respuesta a estas observaciones, se abrieron 22 expedientes de responsabilidad administrativa. De estos, 14 corresponden a conductas graves y ocho a no graves. Como resultado, se aplicaron seis sanciones firmes, entre ellas, amonestaciones públicas, suspensiones temporales e inhabilitaciones.
Además, un expediente fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su seguimiento legal. Rivera Aranda indicó que actualmente están activos 15 procedimientos más, y los funcionarios involucrados ya han sido notificados para continuar con la fase de investigación.
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