El Congreso del Estado de Puebla analiza una solicitud formal para destituir a Vicente Sánchez Méndez, presidente municipal de San Andrés Calpan, tras una serie de denuncias que incluyen violencia política de género, violencia familiar y presunto nepotismo.
Desde el jueves 16 de octubre, regidores y la síndico municipal presentaron un documento dirigido al Poder Legislativo poblano para pedir la remoción del edil. Esta petición ha sido turnada a revisión, y se encuentra en etapa de análisis.
El diputado local Julio Huerta Gómez, integrante del grupo parlamentario de Morena, confirmó que ya se está recopilando más información sobre las acusaciones, con el objetivo de tener un panorama completo que permita tomar una determinación adecuada. El legislador indicó que se ha pedido a las autoridades municipales involucradas que remitan documentación relacionada con denuncias penales y quejas por violencia política, con el fin de sustentar cualquier posible acción legislativa.
Uno de los puntos que más preocupa al Congreso es la presunta violencia política ejercida por Sánchez Méndez en contra de regidoras y de la síndico municipal, quienes aseguran que han sido víctimas de constantes agresiones verbales y limitaciones en sus funciones públicas. Este patrón de comportamiento ha sido considerado como un posible acto de violencia de género institucional.
A las acusaciones políticas se suma una denuncia de índole familiar. En redes sociales y medios locales, se ha viralizado un audio en el que se escucha al alcalde agredir verbalmente a su hijo, presuntamente por problemas escolares. Este hecho ha despertado el rechazo de diversos sectores sociales.
Además, se han documentado posibles casos de nepotismo dentro del Ayuntamiento de Calpan. Según la información recabada, varios familiares directos del alcalde estarían ocupando cargos dentro de la administración municipal, incluyendo a un primo que funge como regidor de Obra Pública.
Desde el Congreso se ha reiterado que la evaluación del caso será estrictamente institucional. No se tomará en cuenta la afiliación política del presidente municipal, ya que se priorizará la legalidad y el respeto a los derechos de las y los funcionarios afectados.
La solicitud de destitución continúa en análisis, mientras se espera que los regidores y la síndico entreguen los elementos probatorios requeridos.
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