Una influyente organización anticorrupción en Estados Unidos solicitó al gobierno federal reabrir una investigación en contra de Tom Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tras presuntas irregularidades relacionadas con el ofrecimiento de contratos públicos a cambio de un supuesto soborno en efectivo.
El Centro Legal de Campañas (Campaign Legal Center, CLC) presentó la denuncia formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Ética del Gobierno, pidiendo esclarecer si Homan recibió 50.000 dólares en efectivo por parte de agentes encubiertos del FBI en 2024. Aunque en ese momento no ocupaba un cargo público, Homan se encontraba vinculado con la campaña presidencial de Donald Trump, con altas posibilidades de ocupar una posición estratégica en temas migratorios.
La denuncia se basa en una operación encubierta donde se habría simulado una negociación empresarial para obtener contratos públicos vinculados a políticas migratorias. Según el CLC, Homan no declaró el dinero recibido, lo cual podría significar una violación a las normativas federales de ética que obligan a los funcionarios del Ejecutivo a revelar sus finanzas personales.
Además, la ONG extendió la acusación a Mark Hall, actual consejero sénior de Homan, quien presuntamente participó en decisiones internas del DHS que beneficiarían a su exempleador, una compañía dedicada a seguridad nacional. Hall reconoció haber recibido un pago de otros 50.000 dólares antes de incorporarse al gobierno, aunque, según la denuncia, intervino en disputas contractuales en las que su anterior empresa estaba involucrada, lo que podría suponer un conflicto de interés.
A esta demanda se sumó también Democracy Forward, otra organización civil enfocada en transparencia gubernamental, que exige al Departamento de Justicia y al FBI entregar documentos clave relacionados con el caso, en cumplimiento con la Ley de Libertad de Información.
La situación generó tensión en el Senado estadounidense, especialmente cuando la fiscal general Pam Bondi evitó responder directamente si el soborno a Homan había sido investigado a fondo o si seguía activa alguna indagatoria. En su lugar, derivó las preguntas hacia el FBI, generando nuevas críticas por la aparente falta de rendición de cuentas.
Desde el Congreso, algunos senadores demócratas han cuestionado la transparencia del equipo de Trump y el cierre de la investigación criminal contra Homan, que había sido iniciada al final de la administración Biden. Consideran que la omisión de información por parte del gobierno abre espacio a posibles actos de corrupción dentro del aparato federal.
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