El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo 26 de octubre que la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana estarían coordinando acciones para desestabilizar su gobierno y socavar la democracia en el país.
Durante una conferencia de prensa con su gabinete, Arévalo afirmó que Porras busca mantener la impunidad en el poder mediante maniobras legales, mientras que Orellana estaría tomando decisiones judiciales que afectan directamente la gobernabilidad y las elecciones futuras. El mandatario pidió a la comunidad internacional que no ignore la situación que se vive en Guatemala, enfatizando la gravedad del momento.
El presidente explicó que las recientes acciones judiciales forman parte de un esfuerzo por corromper la elección de órganos judiciales para 2026, y advirtió que estas medidas podrían poner en riesgo las elecciones de 2027, las cuales deberían ser libres, transparentes y justas. Según Arévalo, estas maniobras representan un ataque directo al pueblo guatemalteco y a la democracia.
El conflicto surgió luego de que Orellana solicitara la anulación del partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo, lo que implicaría dejar vacantes los cargos de presidente, vicepresidente, 23 diputaciones y una alcaldía. Esta solicitud fue realizada por fiscales del Ministerio Público, quienes alegan irregularidades en la creación del partido.
Arévalo calificó a Porras y Orellana como enemigos del país y aseguró que representan los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción, reconociendo que tanto la sociedad guatemalteca como la comunidad internacional los señalan por prácticas antidemocráticas.
El mandatario también informó que se pidió la celebración de una sesión extraordinaria en la ONU para exponer las amenazas que estas acciones representan contra la Constitución y la democracia del país. Arévalo enfatizó que la población y las autoridades internacionales deben responder con firmeza, defendiendo la libertad y la voluntad del pueblo guatemalteco.
En paralelo, la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla, presentó un recurso para que la Corte de Constitucionalidad garantice la validez de los resultados electorales y evite que el Congreso tome medidas que puedan afectar las elecciones generales.
Orellana, quien ha sido cuestionado tanto a nivel nacional como internacional, figura en la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. y ha recibido sanciones de algunos países de la Unión Europea. Entre sus antecedentes se encuentran la autorización de detenciones y la protección de exfuncionarios procesados por corrupción, así como el manejo de casos emblemáticos como el del periodista José Rubén Zamora y los exfiscales anticorrupción Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra, quienes se encuentran exiliados.
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